Sin territorio, no hay vida

 

Por Olo Villalaz

Defender el territorio es defender la vida, así lo entendemos los pueblos indígenas desde siempre. Pero hoy, esa defensa nos está costando la libertad, la tranquilidad y, en muchas ocasiones, la vida misma.

En 2024, fueron asesinados 146 defensores ambientales en todo el mundo. El 82% de esos crímenes ocurrieron en América Latina, según el informe más reciente de Global Witness. Más de un tercio de las víctimas eran indígenas o afrodescendientes. No hablamos de estadísticas, son hermanos y hermanas con quienes  hemos compartido camino, palabra y lucha. Hoy sus voces fueron silenciadas. 

Soy del pueblo Guna en Panamá y formo parte de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, una alianza que une a pueblos indígenas y comunidades locales de toda la región desde México hasta Panamá, donde cada día crece más la criminalización de nuestras comunidades. En todos estos territorios, defendemos lo mismo, nuestra casa común. El bosque que da oxígeno, ese río que lleva agua, los océanos que nos alimentan y nuestros  territorios  donde todavía seguimos hablando nuestro  idioma y practicando nuestra ancestralidad.

 

La lucha no es simbólica, es cotidiana

En mi comunidad, hemos vivido esta presión de cerca. Empresas con intereses en nuestro territorio han instalado cámaras, demandado a nuestras autoridades indígenas por millones de dólares, han intentado romper nuestra unidad desde dentro. A nuestros guardabosques los acusan de “invadir” su propio bosque, solo por intentar detener la deforestación.

Frente a todo esto, una pregunta se vuelve inevitable: ¿cuántas comunidades tienen los recursos legales y emocionales para aguantar tanta presión? En la mayoría de los casos, no los tenemos. Por eso nos apoyamos entre pueblos, porque la organización colectiva es la única forma de sostenernos. 

En toda la región, compartimos experiencias, tejemos estrategias comunes, nos acompañamos cuando hay ataques. Sabemos que cuando agreden a una comunidad, están enviando un mensaje a todas. Por eso también formamos redes como la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI) y trabajamos junto a organizaciones como Defiende Mesoamérica para formar a jóvenes, documentar agresiones y responder colectivamente.

 

El Acuerdo de Escazú: una promesa pendiente 

Una herramienta clave para proteger a quienes defendemos el ambiente es el Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado regional que reconoce nuestros derechos como defensores.

Pero en la práctica, aún falta mucho. Países como Honduras no han firmado el acuerdo. Y otros, como Guatemala y Costa Rica, lo firmaron pero no lo han ratificado. Esto demuestra el poco compromiso real con la protección de quienes defendemos la vida. Se habla de democracia ambiental, pero sin pueblos indígenas en la toma de decisiones, esa democracia queda incompleta.

Nosotros no pedimos favores. Exigimos lo que nos corresponde: participación plena y efectiva, consulta libre, previa e informada, y garantías para seguir cuidando nuestros  territorios que sostienen la vida, no solo la nuestra, sino la de toda la región y el planeta. Es hora de que los gobiernos actúen: firmen, ratifiquen y cumplan. Cada día sin acción cuesta vidas.

 

La criminalización como política

La violencia contra los y las defensoras no es un accidente, es estructural. Hay impunidad, hay corrupción, hay crimen organizado y hay una profunda desigualdad en el acceso y a la tenencia de la tierra. Las leyes se usan no para protegernos, sino para silenciarnos. Y cuando nos acusan, muchas veces no tenemos cómo defendernos legalmente.

Criminalizar a un defensor es enviar un mensaje de miedo a toda la comunidad. Pero seguimos resistiendo, porque nuestra lucha no es individual, sino colectiva e intergeneracional.

No basta con denunciar, hay que actuar. El informe lo deja claro, y nosotros lo reafirmamos:

• Los gobiernos deben investigar y sancionar a los verdaderos responsables, incluidos los autores intelectuales.
• El Acuerdo de Escazú debe implementarse plenamente, con participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.
• Las empresas deben respetar nuestros derechos y detener la criminalización.
• La sociedad civil debe seguir fortaleciendo redes de apoyo, visibilidad y acompañamiento comunitario.
• La comunidad internacional debe condicionar financiamientos a la garantía de derechos humanos y ambientales.

 

El territorio es nuestra vida

Para nosotros, el territorio no es un pedazo de tierra: es parte de nuestro cuerpo. Así como uno no vive sin corazón ni pulmones, tampoco una comunidad puede sobrevivir sin los bosques, sin agua, sin su lengua. Por eso, cuando perdemos un pedazo de nuestro territorio, es como perder un órgano vital.

Y aunque hoy muchas de nuestras juventudes crecen en ciudades, por temas de estudio, sabemos que el vínculo puede recuperarse. Por eso, creamos festivales, círculos de palabra y espacios de memoria para que los jóvenes recuerden de dónde vienen. Porque, aunque el sistema intente desarraigarnos, en cada uno hay una semilla que solo necesita un poco de luz para volver a germinar.

Lo que defendemos no es solo nuestro: es de todos. Sin los bosques, océanos y manglares que protegemos, no hay clima estable. Sin los ríos que cuidamos, no hay agua limpia. Sin nosotros, el planeta pierde una parte esencial de su equilibrio.

Nos quieren fuera del mapa, pero aquí seguimos y vamos a estar. Porque mientras nuestros  territorios estén en pie, mientras una comunidad siga conserve su idioma y prácticas ancestrales, mientras un niño o niña indígena aprenda de sus abuelos, habrá futuro. Sin territorio, simplemente, no hay vida.

La defensa de nuestros territorios y de la vida depende de nuestra acción colectiva.

 

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Este artículo forma parte del especial 24 voces del cambio climático de El Observador/ Dirigido por Berlioth Herrera/ Coordinado y editado por Michelle Soto

Sobre el autor: Olo Villalaz es líder indígena del pueblo Guna, miembro de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB)