El carbón: un asesino silente
Por Euren Cuevas
Por Euren Cuevas Medina
La humanidad se enfrenta a una encrucijada climática sin precedentes. Si no corregimos el rumbo, el planeta sufrirá daños irreversibles. En este contexto, el carbón emerge como uno de los principales catalizadores de la crisis ambiental.
Este artículo aborda desde una mirada jurídica, ambiental y humana cómo la ruta del carbón, desde su extracción en Colombia hasta su combustión en la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) en República Dominicana y en Puerto Rico, desata una cadena de impactos devastadores que trascienden fronteras. Sin embargo, las víctimas pueden frenar esta violación de sus derechos humanos, apoyándose en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para reclamar el dereho a un clima estable y seguro en tribunales domésticos e internacionales.
El carbón colombiano y la vulneración de derechos humanos
Desde 1983, la megamina Cerrejón ha desplazado a comunidades indígenas Wayúu y afrodescendientes en La Guajira, como Tabaco, Barrancón, Provincial y Nuevo Espinal. La actividad minera ha provocado el despojo de territorios ancestrales, la alteración de tejidos sociales y la contaminación sistemática del entorno.
La desviación del río Ranchería, rica fuente de vida para la región, ha expuesto a la población a metales pesados como plomo, arsénico y cadmio. El derecho a un ambiente sano, a la salud, al agua y a la consulta previa como establece el Convenio 169 de la OIT ha sido reiteradamente vulnerado.
En el corredor carbonífero del Cesar, municipios como La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril han visto cómo familias campesinas han perdido sus tierras productivas, pasando de poseer 25 hectáreas a apenas 1,5 hectáreas. Comunidades como Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón enfrentan procesos de reasentamiento lentos, plagados de enfermedades respiratorias, cutáneas y oculares, atribuibles a la exposición prolongada al polvo del carbón.
El caso de El Hatillo es especialmente alarmante: más del 50 % de su población presenta enfermedades crónicas, mientras que los compromisos de compensación y restitución territorial aún no se han cumplido.
Uno de los casos más penosos y sonados de Colombia, son las acusaciones ante los tribunales de alianzas entre la empresa carbonífera transnacional Drummond Ltd con los paramilitares, las llamadas Auto Defensas Unidas, para desalojar a las familias de sus tierras y para reprimir y matar a sindicalistas. Se acusa directamente a la empresa de haber financiado a los paramilitares para implantar el terror, quitarles sus tierras a los campesinos, impedir los sindicatos y, para lograrlo, asesinaban a las personas. Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, desde el 2003 están documentadas acciones espeluznantes de la empresa.
Punta Catalina: contaminación importada
En 2023, República Dominicana importó más de 1,12 millones de toneladas de carbón bituminoso desde Colombia, lo que representó el 62% del total importado. El promedio en la actualidad en importaciones es de 2 millones de toneladas. Ese carbón alimenta a la CTPC, una de las termoeléctricas más contaminantes del Caribe.
Estudios técnicos de INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) documentan que la central emite anualmente más de 5.000 toneladas de dióxido de azufre (SO₂) y alrededor de 1.400 toneladas de partículas finas (PM2.5), muy por encima de los estándares internacionales. Estas emisiones deterioran la calidad del aire, contribuyen a la acidificación del suelo y contaminan acuíferos vitales como el de Valdesia.
La propia Central Termoeléctrica Punta Catalina manifestó que en el año 2023 se emitió 4,6 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al aire afectando cuatro países: República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba, según un estudio sobre la contaminación de Punta Catalina, realizado por las comunidades afectadas con el apoyo de un conjunto de científicos dominicanos, estadounidenses y europeos. De ahí que el carbón proveniente de Colombia impacta negativamente el Caribe occidental.
Las cenizas, que contienen metales pesados, son depositadas en el batey San José, poniendo en riesgo la salud de las poblaciones y la seguridad hídrica del país, conforme lo ha planteado Avner Vengosh, profesor de geoquímica y calidad del agua de la Universidad de Duke’s Nicholas School of the Environment. “Nuestro análisis de las cenizas de carbón de la central termoeléctrica de Punta Catalina reveló altas concentraciones de arsénico, selenio y otros metales pesados potencialmente dañinos, mucho más allá de lo que normalmente vemos en suelos comunes”, dice Vengosh.
El carbón colombino, no solo afecta a República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba, sino también a Puerto Rico, creando un impacto considerable en la calidad del aire, en la contaminación del suelo y las fuentes acuíferas, a través de la generación eléctrica con carbón de la empresa AES Corporation. El impacto del carbón en Puerto Rico trascendió fronteras llegando sus cenizas a las costas de Arroyo Barril Samana y Manzanillo Montecristi, República Dominicana.
Las cenizas de esta planta de AES en Puerto Rico fueron traídas a República Dominicana entre el 2003 y el 2004, lo que constituyó en uno de los escándalos de mayor impacto en el país: el caso Rockash. Entre el 2005 y el 2010 los tribunales dominicanos condenaron al funcionario que emitió el permiso para traer las cenizas a seis meses de prisión y 10.000 salarios mínimos. En 2009, los vecinos de Arroyo Barril, Samaná, empezaron a decir que los niños estaban naciendo deformes y otros no nacían por los abortos masivos, lo que llevó a una demanda. Un tribunal de Delaware, en Estados Unidos, obligó a que AES acordara una indemnización de más de 37 millones de dólares a comunitarios afectados de Arroyo Barril en 2016 (la demanda se interpuso en el 2009), dinero que pagó el Gobierno dominicano. En Puerto Rico está prohibido por ley depositar cenizas de carbón en el territorio insular.
Una bomba climática y sanitaria
La CTPC contribuye significativamente al calentamiento global mediante la emisión masiva de CO₂. Paradójicamente, República Dominicana es uno de los países más vulnerables al cambio climático, lo que convierte en una contradicción moral, legal y estratégica su dependencia al carbón, toda vez que está plasmado en la Constitución la responsabilidad del Estado en promover las energías limpias en el sector público y privado desde el año 2010 y en el 2012 se adoptó la Ley No. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo que establece la descarbonización de la economía energética nacional.
En zonas cercanas a la planta, como Nizao, se ha detectado un aumento alarmante de enfermedades respiratorias, hipertensión, ataque al miocardio, cáncer, asma y muertes prematuras, especialmente en niños. Según estimaciones del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio de Finlandia de 2022, Punta Catalina podría estar vinculada a 57 muertes anuales en República Dominicana y más de 100 en Haití.
Costes económicos invisibilizados
El daño sanitario y ambiental también tiene un coste económico. Se estima que, si la planta continúa operando, el Estado dominicano enfrentará pérdidas acumuladas de hasta 319 millones de dólares en 30 años. A esto se suma que su reconversión a gas natural no es viable, y su operación actual genera pérdidas financieras, si tomamos en cuenta el daño ambiental y en la salud de las personas.
Jurídicamente, se trata de un activo que debe ser clausurado bajo los principios de no regresión ambiental e interés público.
Un llamado a la acción: justicia climática ya
La ruta del carbón es una ruta de destrucción, desigualdad y muerte. Como sociedad, debemos exigir una transición energética justa, centrada en energías limpias y en la protección de los derechos humanos. El cierre progresivo de Punta Catalina no es una opción: es una obligación jurídica, ética y ambiental impostergable.
El Gobierno dominicano suscribió el acuerdo de países que se comprometen a no construir nuevas plantas de carbón, y acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), recibiendo recursos del CIF para cerrar las plantas de carbón existentes en el país antes de 2040, específicamente antes del 2028 las plantas ITABO I y II y Barahona Carbón y Punta Catalina para antes de 2040). Hay que esperar que el gobierno cumpla.
Las víctimas del cambio climático tienen la posibilidad real de reclamar y recibir justicia, tomando como base fundamental la Opinión Consultiva 32/25 sobre ”Emergencia Climática y Derechos Humanos” del año 2025 de la CIDH, solicitada por Chile y Colombia para aclarar las obligaciones estatales desde la perspectiva del Derecho.
Otro instrumento internacional de gran valor jurídico es la Opinión Consultiva de la CIJ sobre el clima, dada a conocer el 23 de julio de 2025 en La Haya, que impone la responsabilidad a los Estados por no cumplir sus compromisos internacionales en cambio climático y que pueden ser demandados y condenados, de manera que hay una posibilidad de lograr una transición energética justa, si las personas se animan a exigir ante los tribunales nacionales un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
¿Qué pasaría si los tribunales nacionales rechazan las peticiones de las víctimas? Se habilita la vía internacional para demandar a los Estados por incumplimiento ante las cortes internacionales, y es muy probable que con estas opiniones consultivas de base, sean condenados.
¿Es posible un juicio impulsado por víctimas de la región del Caribe? Sí, la situación de los Estados del Caribe, por su condición de islas, son los más vulnerables al cambio climático y tienen la legitimidad procesal activa para reclamar justicia climática, siempre que se haya agotado el procedimiento interno de reclamo. Por ejemplo: Jamaica, República Dominicana, Guyana y Surinam, pueden unirse para llevar un juicio ante la CIDH demandando un clima sano y estable.
El Estado dominicano tiene el deber de liderar este proceso con valentía, priorizando la vida por encima del lucro y el desarrollo sostenible por encima de las falsas soluciones del pasado. El Gobierno debe abandonar los combustibles fósiles ya, y cumplir con el mandato constitucional y legal, para proteger la población de la catástrofe climática y evitar condenas internacionales por su violación al derecho humano de un clima seguro y estable.
Sirva el ejemplo dominicano para que Costa Rica no dé un paso atrás en su transición energética y siga con su moratoria, idealmente mediante una ley, a la exploración y explotación de combustibles fósiles.
Este artículo forma parte del especial 25 voces del cambio climático de El Observador/ Dirigido por Berlioth Herrera/ Coordinado y editado por Michelle Soto
Sobre el autor: Euren Cuevas Medina es abogado dominicano, director ejecutivo de INSAPROMA. INSAPROMA — Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente — es una institución sin fines de lucro, legalmente instituida el 15 de octubre de 2001 mediante el Decreto No. 1024. Su misión se centra en la protección del medio ambiente, los recursos naturales, los derechos humanos y la gobernanza ambiental en la República Dominicana
