Adaptación climática en las ciudades centroamericanas: la gran deuda climática de la región

Por Lenín Corrales

Un análisis sistemático de más de 53.000 publicaciones científicas sobre cambio climático en entornos urbanos (2012–2022) revela un crecimiento exponencial del conocimiento global en este campo. No obstante, persisten marcadas desigualdades geográficas y temáticas. Se identificaron más de 19,700 estudios de caso con enfoque espacial específico y más de 33,000 estudios generales. Pese a estos avances, regiones como Centroamérica —especialmente las ciudades pequeñas y de rápido crecimiento— siguen subrepresentadas, lo cual limita gravemente la formulación de políticas públicas basadas en evidencia en territorios altamente vulnerables a los impactos del clima.

Centroamérica y República Dominicana enfrentan amenazas crecientes: aumento de eventos extremos, pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, inseguridad alimentaria y desplazamientos humanos. Sin embargo, un reciente análisis de 166 acciones climáticas urbanas en siete países de la región refleja una respuesta institucional desequilibrada y preocupante. La mayoría de las acciones se concentra en la mitigación de emisiones, mientras que las estrategias de adaptación —clave para reducir la vulnerabilidad— siguen siendo marginales, dispersas y de baja prioridad.

Según el estudio, un 41% de las acciones corresponde a iniciativas de mitigación, y otro 41% a acciones de monitoreo o evaluación de impacto. Solo un 7,2% son acciones de adaptación —aquellas dirigidas a disminuir la exposición, sensibilidad y vulnerabilidad frente al cambio climático— y apenas un 10,8% tienen un enfoque transversal que integre múltiples sectores, actores o escalas de gobernanza.

Las capitales nacionales concentran casi la mitad de todas las acciones identificadas. San José (Costa Rica) lidera con 25, seguida por Ciudad de Panamá (21), San Salvador (18) y Santo Domingo (12), acaparando el 46% de las intervenciones regionales. Aunque esto puede interpretarse como un reflejo de capacidad institucional, también expone una preocupante centralización que excluye a ciudades intermedias y zonas rurales del quehacer climático.

Costa Rica presenta un caso ilustrativo. San José combina iniciativas de mitigación (11), impacto (10) y transversalidad (4), pero no registra ninguna acción concreta de adaptación. Cartago, otra ciudad clave del país, apenas reporta tres acciones, todas transversales. Esto demuestra que, a pesar de los avances normativos, la descentralización de la planificación climática sigue siendo incipiente.

En Panamá, el enfoque predominante es la mitigación. La capital concentra 17 acciones, mientras que otras ciudades, como David (8 acciones) y Colón (casi sin registros), muestran una distribución territorial desigual. En El Salvador, el patrón es más equilibrado: San Salvador combina las cuatro categorías, mientras que Santa Ana y San Miguel también reflejan cierta actividad. Sin embargo, la adaptación continúa siendo minoritaria.

Guatemala presenta acciones en ocho ciudades, aunque dominan las orientadas a mitigación e impacto, sin presencia de enfoques transversales. Un patrón similar se observa en Honduras y Nicaragua, donde Tegucigalpa y Managua cuentan con algunas acciones de adaptación, pero la mayoría se limita a monitoreo. En República Dominicana, Santo Domingo lidera con 12 acciones, mientras que Mao, Baní, San Cristóbal y La Vega tienen una participación marginal.

Esta baja proporción de acciones adaptativas resulta alarmante. A pesar de ser una de las regiones más vulnerables del planeta, los esfuerzos para reducir riesgos asociados a inundaciones, sequías, erosión costera o pérdida de cultivos son mínimos. Las ciudades están mejorando su huella de carbono, pero no su capacidad de resistir y recuperarse ante eventos extremos, cada vez más frecuentes e intensos. La adaptación no puede seguir siendo un componente accesorio. Es una necesidad urgente y estratégica.

Adicionalmente, solo 18 de las 166 acciones analizadas incluyen enfoques transversales como articulación interinstitucional, inclusión social, equidad de género o integración entre sectores clave (salud, agua, agricultura, transporte, energía). La planificación sigue siendo fragmentada y tecnocrática, lo que debilita su efectividad. Muchas acciones carecen de anclaje en marcos normativos sólidos o planes municipales vigentes. Existe una desconexión preocupante entre las iniciativas locales, las políticas nacionales de cambio climático y los compromisos internacionales, como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), los Planes Nacionales de Adaptación o el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Frente a este panorama, las prioridades son claras:

• Descentralizar la acción climática: Brindar apoyo técnico y financiero a gobiernos locales, especialmente en ciudades intermedias y zonas rurales.
• Reforzar la adaptación: Desarrollar acciones específicas para reducir vulnerabilidades en sectores clave: agua, salud, infraestructura, agricultura y asentamientos humanos.
• Impulsar la transversalidad: Integrar la acción climática con enfoques de equidad, inclusión y desarrollo territorial sostenible.
• Mejorar el monitoreo y la evaluación: Incorporar indicadores de impacto y resultados, más allá del simple cumplimiento operativo.
• Articular la gobernanza climática: Alinear esfuerzos entre los niveles nacional, municipal y sociedad civil, incluyendo al sector privado.

La desconexión entre la urgencia climática urbana y la producción científica es crítica. Cerrar esta brecha requiere una inversión decidida en ciencia aplicada a la adaptación urbana, como condición indispensable para proteger vidas humanas, infraestructura y la sostenibilidad del desarrollo urbano en la región.

Este artículo forma parte del especial 24 voces del cambio climático de El Observador/ Dirigido por Berlioth Herrera/ Coordinado y editado por Michelle Soto

Sobre el autor: Lenín Corrales es analista ambiental especializado en cambio climático con más de 39 años de experiencia en Biología de la Conservación. Ha sido investigador principal del capítulo Armonía con la Naturaleza del Estado de la Nación (Costa Rica) durante 15 años e investigador del Estado de la Región (Centroamérica).