Territorios resilientes: desarrollo, innovación y adaptación

Raquel Gómez

Hace algunos años inicié un viaje en el mundo de la innovación, inspirada precisamente por el trabajo de un gobierno local para transformar su territorio en un espacio saludable, sostenible, inclusivo, productivo, creativo y justo, donde las personas y la biodiversidad pudiesen coexistir.

Su propuesta de valor se basaba en tres pilares. Uno, la disrupción, que es por definición un cambio en lo que se está haciendo – o la manera en que se hace – para generar una transformación, porque “lo mismo” seguirá produciendo los mismos resultados, y estos en muchos casos parecen no estar funcionando. El segundo pilar era la inteligencia colectiva, el trabajo colaborativo, mano a mano con la gente y los sectores, considerando e integrando verdaderamente sus distintas perspectivas tanto de los problemas como de las soluciones. Y el tercer pilar era su enfoque ecosistémico, donde el agua, los polinizadores, las plantas y el clima se conectaban directamente con el desarrollo de economías locales, la seguridad alimentaria, la vivienda digna y justa, el acceso a la educación y el trabajo, entre otros.

Y es que todo gobierno local entrega a su ciudadanía una promesa de transformar el status quo, de cambiar lo que no funciona, de mejorar las condiciones para que su territorio y su gente puedan prosperar.  La visión de qué hacer y cómo hacerlo se traduce en políticas públicas que es el valor público que la gestión de ese gobierno local pretende generar.

¿Pero qué tiene que ver esto con el cambio climático? A diferencia de lo que muchos piensan, el cambio climático no es un tema ambiental, sino de desarrollo, y en el caso de las instituciones es un tema de generar valor público en un contexto climático adverso y sobre todo incierto, ¡con lo que los gobiernos locales tienen todo que ver!

Para entender cómo el cambio climático es un asunto de desarrollo, sólo demos una mirada a algunos de los efectos que los recientes “temporales” han ocasionado en Costa Rica:

• Sofía quiere ser ingeniera espacial. Ella cursa el tercer grado de primaria, pero la segunda semana de noviembre no pudo ir a la escuela por las medidas implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP). La pandemia trajo consecuencias importantes en la calidad y continuidad de sus procesos de aprendizaje y Sofía apenas logra superar algunos retos. A cuatro años de la pandemia, la educación de Sofía sigue caracterizándose por la suspensión continua de lecciones, ahora por las condiciones del tiempo. Si esta situación se intensifica a consecuencia del cambio climático, ¿podrá desarrollar Sofía los conocimientos y habilidades necesarias para entrar a la carrera con la que sueña?
• La mamá de Sofía es profesional y trabaja desde casa. Con la suspensión de clases, Sofía se queda en casa, porque su mamá no cuenta con una red de apoyo familiar para auxiliarle en estos casos. El presupuesto familiar tampoco alcanza a cubrir un gasto de último minuto como para contratar una niñera o guardería para Sofía por una semana.  La mamá de Sofía ahora no sólo debe trabajar sino también atender las necesidades de Sofía mientras está en casa. Como es de esperar, la capacidad de la mamá para cumplir con su trabajo se ve afectada, lo que deriva en que deba quedarse hasta tarde en la noche para cumplir con los entregables del día. La falta de descanso de la mamá, a sus cuarenta y tantos años de edad ya empieza a pasarle factura en su salud.  Si esta situación se volviera la nueva normalidad para la mamá de Sofía, ¿cuánto podrá resistir su cuerpo? ¿Podrá el sistema de salud atender pronta y eficientemente la salud en deterioro de la mamá de Sofía?
• Don Enrique es un pequeño productor y comercializador de café de especialidad, un negocio que ha sido de su familia por varias generaciones. Este año, su producción estaba casi lista para ser cosechada, pero con el temporal, gran cantidad del grano maduro cayó al suelo y se perdió. El año pasado, don Enrique realizó mejoras tecnológicas a su beneficio, para lo cual había solicitado un préstamo bancario. Con las pérdidas de la producción sufridas este año, no sabe cómo hará frente a los costos del préstamo y otros gastos fijos de su negocio. Si las tormentas fuesen cada vez más agresivas y frecuentes, ¿podrá don Enrique seguir produciendo su café de especialidad? ¿Cómo se verá afectado su medio de vida, el de su familia y el de las familias que dependen de su negocio?
• Armando y Daisy son indígenas cabécares. En su comunidad se produce cacao y banano orgánicos asociados a especies maderables, frutales, tubérculos, leguminosas y otros, en un sistema agroproductivo tradicional. Junto a otras personas en su comunidad, esta actividad asegura su alimentación y permite generar pequeños excedentes que venden en mercados locales. Esta semana de lluvias no pudieron sacar la producción de sus territorios pues los caminos se vieron interrumpidos con deslizamientos y el colapso del puente que les permite cruzar el río hacia los sitios donde comercializan sus productos. Esta situación es recurrente cada dos o tres años.  Si esta situación se intensifica y empieza a suceder cada año, ¿será que Armando y Daisy deberán dejar su comunidad y sus raíces en busca de medios de vida que no son los propios?
• Una familia de turistas extranjeros vacacionaba en el Pacífico Norte del país. El pequeño hotel donde se hospedaban fue afectado por las fuertes lluvias. El desbordamiento de los ríos dificultó su movilización hacia un sitio seguro. Han decidido interrumpir sus vacaciones y regresar a su país. Lamentablemente, su siguiente destino en Costa Rica no podrá acogerles y dejará de recibir los beneficios económicos de su estadía. El sector turístico está preocupado por cómo podría afectarse su competitividad si este tipo de eventos fuesen cada vez más frecuentes e intensos durante la “temporada verde” en el país. Las familias que dependen del turismo temen porque los días de crisis e incertidumbre que vivieron en la pandemia se repitan cada año si el clima adverso se convierte en la nueva normalidad.

Algunos de estos casos seguramente serán familiares para las personas lectoras, y muchos más se presentan cada vez que hay eventos como los que estamos experimentando. ¿Cómo nos preparamos como territorios para enfrentar estas situaciones que parecen cada vez más frecuentes? ¿Cómo nos fortalecemos para minimizar los efectos de estos eventos hidrometeorológicos, principalmente los extremos, en la infraestructura pública, la vivienda, la producción, los empleos, la educación y la salud? ¿Qué capacidades podemos construir para recuperarnos rápidamente y más fortalecidos?  Y, ¿qué valor público me puede aportar como ciudadana mi gobierno local en la construcción de este territorio resiliente?

Costa Rica reconoció, desde hace varios años, la necesidad de trabajar desde lo local para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Así lo consignó en su Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030. Desde entonces, realiza un esfuerzo continuo para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, las estructuras regionales de coordinación interinstitucional e instituciones del gobierno central para la identificación de riesgos asociados al clima y la priorización de medidas de adaptación al cambio climático.  

Este esfuerzo se materializó en la implementación de un proyecto liderado por el Ministerio de Ambiente, financiado por el Fondo Verde para el Clima, e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible que se denominó Plan A: Territorios Resilientes ante el Cambio Climático.  

En un periodo de cuatro años, Costa Rica aceleró su viaje por el camino de la adaptación y hoy más de 20 cantones del país cuentan con sus prioridades de adaptación identificadas y estructuradas en planes de acción o integradas en otros instrumentos de política pública como son los planes de desarrollo local. Aún más importante, estas prioridades se establecieron de manera participativa. Con el liderazgo de los gobiernos locales, liderazgos comunitarios, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, academia, representantes institucionales y ciudadanía interesada se dieron cita para que sus voces, sus necesidades, y sus propuestas de solución fuesen escuchadas. 

Tuve el placer de acompañar estos procesos, y lo que más recuerdo son esos espacios con la gente.  Este es uno de los resultados más importantes: el establecimiento de esas conversaciones alrededor del tema climático como hilo conductor, pero que al final es solo uno de los hilos de ese tejido territorial que entrama día a día las personas que lo habitan.

Durante el proceso con los gobiernos locales y las personas, y hasta el final, muchos todavía se preguntaban: ¿de dónde saldrán los recursos para implementar estas acciones si nuestro territorio enfrenta problemas más urgentes como el desarrollo económico, la vivienda, el empleo, etc?

La respuesta a esta pregunta es evidente cuando recordamos que el clima determina muchas de nuestras actividades diarias, productivas, infraestructura, etc. Por esa razón, los cambios en los patrones climáticos exigirán cambios en la forma en que se diseñan y construyen los territorios y sus dinámicas para poder prosperar en un nuevo contexto sin dejar a nadie atrás.  

Existen muchas formas en que los gobiernos locales pueden integrar la adaptación en sus políticas y programas actuales, permitiéndoles blindar el desarrollo local en escenarios de clima cambiante. A continuación, cinco de ellas y sólo por mencionar algunas:

1. Diseñar la infraestructura vial y sistemas pluviales considerando los efectos del clima actual y futuro. Las carreteras y puentes son elementos que se ven afectados ante eventos hidrometeorológicos extremos. Esto tiene un efecto directo en la movilidad de las personas: para desplazarse a sus lugares de trabajo, para realizar sus actividades productivas y para poder desplazarse a lugares más seguros cuando es necesario evacuar. Considerar cómo puede verse afectada la infraestructura en escenarios de cambio climático permite diseñar esa infraestructura de manera que sea capaz de resistir el nuevo clima. Puentes elevados, trazos de carreteras a través de sitios menos propensos a inundaciones o deslizamientos, alcantarillado con mayor capacidad de carga, superficies permeables son algunas soluciones que pueden implementarse cuando se considera el clima futuro en el diseño de la infraestructura municipal.
2. Enfocar los programas sociales en las poblaciones con condición de vulnerabilidad ante el cambio climático. Con frecuencia, condiciones como pobreza, desempleo, familias con población dependiente (niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad), entre otras, hacen que las personas sean más vulnerables antes los efectos del clima cambiante cuando se combinan con su ubicación en el territorio en sitios donde los eventos climáticos golpean con más fuerza.  Identificar dónde están estas poblaciones y cuáles son las condiciones que los hacen más vulnerables permite a los gobiernos locales dirigir los recursos y esfuerzos de sus programas sociales a esas poblaciones con acciones relacionadas a empleabilidad y emprendimiento, educación y formación técnica, inclusión, vivienda digna y segura, entre otros.
3. Priorizar la prevención del riesgo sobre la atención de la emergencia. Si bien la atención humanitaria cuando se presentan las emergencias es importante, los costos de la inacción en prevención pueden ser extremadamente altos a futuro, con pérdida de vidas que pudieron evitarse. Una inversión creciente en acciones preventivas considerando el clima futuro es posible. La aplicación de la ley Nº 9907 habilita la inversión del 3% del superávit municipal en acciones de fortalecimiento de la capacidad técnica y los procesos municipales en gestión del riesgo, incluidas aquellas acciones que no están amparadas por un decreto de emergencia. Esta reforma a la Ley Nacional de Emergencias es un instrumento para la inversión directa municipal en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo.
4. Escalar hacia un enfoque ecosistémico en la gestión ambiental municipal. Uno de los capitales más importantes que posee nuestro país son sus ecosistemas, y estos deben gestionarse también desde lo local. Los ecosistemas regulan el clima, protegen contra inundaciones, permiten la polinización en cultivos para el consumo de subsistencia y de importancia comercial, son fuente de alimento, insumos y productos cuando se manejan de manera sostenible, ofrecen belleza escénica que es la base de las actividades turísticas. Más allá de la gestión de residuos, como gestores del territorio, los gobiernos locales son llamados a gestionar ese capital natural territorial con una visión integradora, en alianza con otros actores públicos y privados, para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos de calidad para el bienestar de su ciudadanía. Para esto, la participación activa y constante de los gobiernos locales en espacios de participación y coordinación como comités de corredores biológicos, comités regionales y locales de áreas protegidas, comisiones de gestión de cuencas, entre otros, aseguran una gestión compartida y la implementación de políticas públicas coherentes, donde los diferentes actores pueden aportar desde sus capacidades.
5. Planificar el territorio considerando los potenciales efectos del clima actual y futuro para el desarrollo local. El ordenamiento territorial para propiciar oportunidades de desarrollo en el largo plazo es uno de los principales intereses de los gobiernos locales. Pero es necesario analizar en profundidad los escenarios climáticos futuros y cómo estos determinan las oportunidades de desarrollo de los territorios. Por ello, los diagnósticos territoriales para planes reguladores deben integrar estos escenarios. Algunas preguntas que estos diagnósticos deben responder son: ¿cómo afectan las variaciones del clima nuestra infraestructura, nuestras poblaciones y nuestras actividades económicas? ¿Quiénes se ven más afectados y por qué? ¿Dónde se encuentran ubicadas estas poblaciones en condición de vulnerabilidad? ¿Qué capacidades tenemos – o nos faltan – para poder hacer frente a estos retos? ¿Qué políticas son necesarias para fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar y reducir los riesgos? ¿Qué capital social existe en el territorio que podemos apalancar a través de alianzas? ¿Qué infraestructura verde y servicios ecosistémicos podemos mejorar para minimizar los impactos del clima adverso hoy y en el futuro?  En este sentido, el MINAE cuenta con un curso virtual y guías metodológicas que ofrecen una ruta para la planificación local para la adaptación al cambio climático. También, el INVU publicó -en febrero 2024- su “Guía para la integración de la Gestión del Riesgo de Desastre y la Acción Climática en los Planes Reguladores Cantonales”, la cual orienta a los gobiernos locales sobre cómo integrar la variable climática y la gestión de riesgo en la formulación de los planes reguladores.

Con una respuesta adecuada y contextualizada a las interrogantes antes mencionadas, los planes reguladores puedan promover de manera efectiva, eficiente, segura y justa el establecimiento de asentamientos humanos y el desarrollo de actividades económicas y sociales en el territorio minimizando los efectos que el clima cambiante puede ocasionar a la infraestructura pública, las viviendas y las personas.

Más allá de estos cinco puntos de entrada, creo firmemente que las oportunidades de los gobiernos locales hacia la construcción de territorios resilientes, con el diseño de soluciones a la medida de sus propias realidades, se fundamentan en gran parte sobre aquellos tres pilares que me inspiraron hace ya algunos años:

1. Disrupción: analizar en profundidad los problemas con una mente abierta, desde distintas visiones, sin soluciones preconcebidas, para luego atreverse a pensar fuera del tarro en soluciones que pueden parecer locas al inicio, pero que tienen el potencial de llegar justo donde pueden generar cambios transformacionales porque atienden el meollo del asunto.  
2. Inteligencia colectiva: fomentar la participación activa, real, efectiva, constante de la ciudadanía y los sectores. No a través de las consultas públicas tradicionales sino a través de una escucha activa y permanente, de la construcción de espacios seguros donde se puedan generar esas conversaciones climáticas de donde surjan soluciones en abierto y alianzas que pongan sobre la mesa lo poco o mucho que cada actor del territorio tiene que ofrecer. 
3. Enfoque ecosistémico: poner en valor los ecosistemas y la biodiversidad, comprometiéndose con asegurar la integridad de los servicios ecosistémicos como servicios públicos que deben gestionar de manera responsable y sostenible, generando así valor público. De esta visión dependen factores tan vitales como el acceso al agua potable, la disponibilidad de alimentos, la vivienda digna, los medios de vida, que como ya analizamos, están ligados al clima.

Así, si hablamos de futuros posibles desde lo local, considerar cómo el clima moldeará ese futuro no es una opción, es una obligación. El territorio debe imaginarse y diseñarse no sólo en un tiempo actual, real, sino también en un tiempo futuro, virtual, donde el clima habrá cambiado, y del cual ya empezamos a ver el prólogo.

Este artículo forma parte del especial 24 voces del cambio climático de El Observador/ Dirigido por Berlioth Herrera/ Coordinado y editado por Michelle Soto

Sobre la autora: Raquel Gómez, bióloga de profesión y consultora en temas de biodiversidad y adaptación al cambio climático