Solución a crisis por falta de agua potable en Talamanca se ve lejana: “El AyA necesita un cambio, se quedó en los años 50”

(Talamanca, Limón). En Amubri, al otro lado del río Telire en el Territorio Indígena Bribri, el acueducto comunitario abastece a más de 2.800 personas. Sufre por la falta de agua: en la temporada seca del 2023 hubo cortes todos los días en el sector; y por no poder garantizar la calidad: en el 2018 la Contraloría General de la República lo calificó de vulnerable ante la presencia de coliformes fecales y bacterias con potencial de ocasionar enfermedades.

En la costa del Caribe Sur – esa que turistas buscan por sus hermosas playas y vibra relajada – se concentran la mayoría de puntos para extraer agua concesionados por el Estado. Al mismo tiempo, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no está otorgando ninguna disponibilidad – es decir, una conexión nueva a sus sistemas – pues hay déficit hídrico tanto en el de Cahuita como en el de Hone Creek-Puerto Viejo.

En la parte media y alta de la Cuenca Binacional del Río Sixaola – ubicada mayoritariamente en Talamanca – hay mucha agua, gracias a sanos bosques protegidos por el Parque Internacional La Amistad (PILA) y los pueblos indígenas en sus territorios. Pero no se sabe con exactitud dónde sería mejor extraer, pues no hay estudios que lo indiquen.

Distintos escenarios marcan el camino del agua en Talamanca, el segundo cantón más extenso del país con más de 2.792 km2. Pero el acceso al agua potable para consumo humano está marcado por la desigualdad: aproximadamente la mitad de la población talamanqueña no la tiene en sus casas, por lo que todos los días ven vulnerado un derecho humano consagrado por la Constitución Política de Costa Rica.

Solucionar esta crisis requiere que haya ordenamiento territorial; más y mejores acueductos con más recurso hídrico; información para planificar y decidir dónde se debe invertir; proyectos de gran envergadura; y una reforma legal que mejore la ejecución de las instituciones. Hoy no se tiene ninguno de esos cinco elementos: ni ordenamiento, ni suficientes acueductos y agua, ni datos, ni un plan de acción ambicioso, ni normativa moderna y adecuada.

Es parte del análisis realizado en esta serie de reportajes especiales a partir de las escuetas explicaciones de la entidad rectora del recurso hídrico, asociaciones comunales que trabajan en dar agua potable, el Programa Estado de la Nación (PEN), líderes indígenas, y una académica y expresidenta del AyA. El Instituto responsable del servicio de agua potable para todo el país se negó a dar una entrevista.

Marco normativo disperso y añejo

En Costa Rica, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (DA-Minae) es el rector del recurso hídrico encargado de administrar cómo se usa y protege, otorgando concesiones de aprovechamiento del líquido, permisos de vertidos y otros avales.

Lo hace amparado en la Ley de Aguas publicada en 1942. La normativa es tan desactualizada que define multas de ¢180 a ¢720 por contaminar un río con metales o basura (artículo 162), y de ¢2 a ¢100 por usar más agua de la permitida por la concesión para riego en el caso de fincas agrícolas (art. 166).

Hay decenas de acuerdos, decretos, reglamentos, resoluciones, directrices y más de 20 leyes vinculadas a los recursos hídricos. “Configuran un disperso y diverso marco institucional“, describe el Análisis Transfronterizo (AT) de la Cuenca Binacional del Río Sixaola generado por un reciente proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“El tema de gobernanza se sale más del Minae y el AyA. Metemos a Senara, municipalidades, Salud, Agricultura. La gobernanza, coordinación y toma de decisiones siguen siendo un reto. Se hacen esfuerzos enormes que no alcanzan a los retos que se tienen en el país”, afirmó José Miguel Zeledón Calderón, jerarca de la DA-Minae, sobre la posibilidad de tener un plan maestro o estrategia integral interinstitucional para atender con prioridad el caso de Talamanca.

Reforma pendiente: “Donde no hay control ¿quiénes ganan?”

Para Zeledón no hay fórmulas para solucionar las brechas en el acceso al agua como la que se vive en Talamanca en el corto plazo, ya que se requieren nuevas leyes y política. Mencionó que están actualizando la Política Hídrica Nacional del 2009. Pero no es suficiente para ordenar las responsabilidades del Estado.

“Hay un proyecto de ley que se está impulsando que limpia competencias. En aguas subterráneas es difícil, estamos la DA-Minae, AyA y Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento). Tenemos un comité cada mes, no es fácil ponernos de acuerdo. A falta de este tipo de instrumentos existen los famosos comités o comisiones”, señaló.

El jerarca aseguró que el AyA es desbordado y no logra cumplir con su mandato de que al agua potable llegue a todas las casas.

“El AyA ocupa un cambio, se quedó en los años 50 y necesita una actualización legislativa que la haga una institución más ágil, empresarial, no privada pero más eficiente. Cuando uno ve la Empresa de Servicios Públicos de Heredia tiene muchas herramientas legales que puede hacer asocios, convenios, o el ICE. AyA necesita una transformación grande porque los retos no les alcanza“, aseguró.

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Yamileth Astorga Espeleta, profesora e investigadora de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica (UCR) y expresidenta del AyA del 2014 al 2020, coincidió en la necesidad de transformar el Instituto y la normativa. Recordó que el AyA solo tiene los ingresos por cobros a usuarios de acueductos para realizar inversiones.

"A pesar de ser una institución autónoma, no es como el ICE que decide y ejecuta como quiera. El AyA depende de la Autoridad Presupuestaria, hasta una plaza que pida, la tienen que aprobar. Todo el financiamiento de la Subgerencia de Sistemas Comunales y las ORAC’s (Oficina Regional de Acueductos Comunales, deben acompañar a las ASADAS y grupos comunitarios) salen de los recursos que los usuarios del AyA pagamos", dijo con respecto a los fondos para resolver las brechas en las zonas rurales como Talamanca.

Astorga afirmó que durante su primer periodo (2014-18) le propuso al entonces presidente Luis Guillermo Solís Rivera cambiar la figura jurídica del AyA. El mandatario se opuso pues abriría la puerta para que otras instituciones tuvieran mayor autonomía del Ministerio de Hacienda. Hubo un nuevo intento en el mandato de Carlos Alvarado Quesada, pero ni se presentó a la Asamblea Legislativa.

"Hay que tener voluntad política para cambiar esa figura legal del AyA para que pueda tener mayor independencia y soltura para ejecutar, y para identificar sus necesidades y trabajar para ellas", puntualizó.

En el 2020 se dio el último intento de tener una nueva ley marco para el recurso hídrico. Se aprobó en primer debate y luego el Congreso dejó vencer el plazo para su debate. Se ha discutido la necesidad durante más de 2 décadas sin frutos.

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La catedrática universitaria y exjerarca cuestionó los fuertes intereses, sobre todo del sector agrícola, para que no haya una nueva normativa.

"Ha habido sectores conocidos que tienen intereses particulares y que no les interesa una ley de aguas que venga a ordenar la administración del recurso hídrico. ¿Por qué? Río revuelto ganancia de pescadores. Donde hay dispersión, donde no hay control, ¿quiénes son los que ganan? Los grandes, los que consumen más. ¿Quiénes son los mayores consumidores en nuestro país y en el mundo? El sector agrícola. El 75% del agua de Costa Rica es consumida por el sector agrícola. Tampoco ha habido esfuerzos reales con una estrategia para cambiar con tecnología para reducir el consumo de agua. Y no es estar en contra del sector agrícola", planteó Astorga.

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) aceptó que se necesita una nueva ley de aguas y negó oponerse a la reforma, pero pidió que tenga un balance entre "la protección del agua como recurso natural y la producción agropecuaria". Sin mencionar cuales, atacó que en el debate hay "ideologías radicales" y posturas "irracionales".

La Cámara incluso pidió "regular" las inspecciones del Estado sobre los productores pues alegó que "llegan a sus fincas y los amedrentan indicándoles que están contaminando las fuentes de agua, sin tener pruebas".

A ciegas: sin datos para decidir

Ni el AyA ni la Dirección de Agua saben dónde están las mejores y más sostenibles fuentes de recurso hídrico en Talamanca, que permitan resolver la brecha de acceso al agua potable. Los 2 acueductos que opera el AyA en el cantón tienen déficit hídrico, es decir, no tienen suficiente caudal para la demanda de los servicios. De ahí que no se estén otorgando nuevas disponibilidades.

Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y comités comunitarios enfrentan la reducción de caudales y pozos que se secan completamente. Mientras el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha elevado la alerta por la sequía en el Caribe Sur.

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En el centro de Bribri, cabecera de Talamanca y donde se concentran las instituciones estatales, la ASADA tuvo que realizar racionamientos ante la sequía de las últimas temporadas. Primero cortaban el agua por bloques de horas, luego por sectores con horarios. Cuando era inmanejable, el AyA aportó el agua con camiones cisternas para llenar tanques. Ahora les urge poder hacer más estudios para determinar dónde hacer un pozo.

"Los suelos de aquí no son aptos para la perforación debido a que hay demasiada arcilla. Además no hemos hecho los estudios químico-biológicos. Estamos en sondeos para perforar. Se han analizado 10 propiedades y ninguna da calificación positiva. Se han revisado las comunidades de La Unión, Volio...en Bribri no hay oportunidad. Todas dicen acá puedo hacer un pozo, agua para una casa, pero ninguna cumple para las necesidades de la ASADA", señaló Moisés Enrique, presidente de la ASADA de Bribri.

"Es urgente obtener los datos para poder tomar medidas ya, para conseguir el agua necesaria para enfrentar la sequía. De agosto pasado a la fecha las lluvias han dado la cantidad necesaria para mantener a la población sin faltante de agua. Pero en el momento en que hayan unos 15 días de buen sol, ya se empieza a bajar y notar la necesidad", agregó María Arias, administradora de la ASADA.

"Las personas ven a Suretka como un lugar que tiene todas las condiciones – escuelas, colegios, clínica, acceso a transporte público – entonces hemos tenido un aumento exponencial de la población. Teníamos 200 unidades, y a menos de 7 años, casi 400. Escuelas con más de 300 niños que tenemos que abastecer. En el 2024 estuvimos 6 meses son sequía tremenda. Las escuelas tenían que cerrar a medio día. Es el reto grande, la cantidad de agua", dijo Manasés Gallardo Morales de la Asociación Indígena Dí Konuk, que abastece el poblado más céntrico del Territorio Indígena Bribri.

"Los pozos de ahora (de Talamanca) no tienen suficiente cantidad de agua, y de mala calidad. Sí o sí debe ser un pozo muy profundo, como los del Área Metropolitana de 300 m o más de profundidad, o el agua superficial del río Sixaola", proyectó Yamileth Astorga para tener soluciones duraderas.

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La carencia de datos hace imposible definir esa inversión. En el 2015, la Dirección de Agua buscó el apoyo del Servicio Geológico de Estados Unidos en un proyecto de exploración y evaluación de las aguas subterráneas que usó tecnología de percepción remota para la evaluación del potencial de acuíferos en el país. Los mapas generados muestran un supuesto nulo o bajo potencial en los acuíferos de Talamanca.

Pero nada de eso puede orientar la decisión de dónde buscar agua en el Caribe Sur. El director de esa institución, José Miguel Zeledón, matizó los hallazgos. "No se generó nada para Talamanca. Este mapa es un primer acercamiento de potencial de agua subterránea. Hay que tomarlo con cautela, pero no es que no sirva. Hay que hacer un zoom para profundizar", dijo.

Actualmente la DA-MINAE registra 208 puntos de toma con concesión de agua en Talamanca, 188 para extraer de aguas subterráneas y 20 para aguas superficiales. La mayoría se ubican en la parte costera. Según el registro de la Dirección, las ASADAS tienen 11 y el AyA más de 30. Entre quienes tienen concesiones también sobresalen empresas del sector bananero con casi 20. La autoridad desconoce cuántos pozos ilegales hay.

"Seguimos operando bajo el supuesto de que hay agua y que el agua es abundante. Pero la verdad es que no lo tenemos tan claro. Y no hay balances hídricos que nos permitan conocer con exactitud cuál es la capacidad hídrica que tiene el país, el caudal de las distintas cuencas, fuentes. Ni las condiciones en cómo se encuentra ese recurso en términos de la calidad. Eso dificulta hacer planificación, tomar decisiones, pensar cómo resolver las problemáticas. Para tomar decisiones eso es básico y no lo tenemos", afirmó la investigadora del Programa Estado de la Nación, Karen Chacón Araya.

En Costa Rica la mayor extracción es en aguas superficiales que son más vulnerables a la contaminación y la crisis climática. El Informe Estado de la Nación 2024 ha planteado la necesidad de explorar fuentes más profundas.

"De nuevo desinformación. Están operando y tomando decisiones sin datos, o al menos actualizados para conocer hasta donde es posible seguir otorgando concesiones; en qué áreas deberíamos estar priorizando la atención o gestión de proyectos de infraestructura. Esa desinformación no permite hacer atención en términos de la calidad (contaminación)", agregó Araya.

Permitir construcciones sin saber del agua

Si no hay balance hídrico, ni suficientes estudios sobre el estado del agua, ¿cómo planificar, ordenar el territorio y lograr una solución sostenible que cierre la brecha en el acceso al agua potable en Talamanca? La Dirección de Agua apenas mide fuentes, perforaciones de pozos y pruebas de bombeo de lo que concesiona.

"Desde el acceso al agua, la disponibilidad, es difícil planificar a largo plazo si no tenés un balance hídrico. (…) Podrían pasar pozos que se sequen. Eso asociado al servicio público es donde están las debilidades. Si yo veo el pozo aislado del acueducto puedo estar dejando brechas en el acceso", dijo José Miguel Zeledón, cabeza de la DA-MINAE. Agregó que las municipalidades deberían usar los datos existentes para la gestión del territorio.

Por su parte, Astorga hizo énfasis en que la planificación debe ser emparejada y complementaria a los estudios hidrológicos e hidrogeológicos. "No debería permitirse un desarrollo en un sitio donde no hay agua. Porque traer agua a un nuevo centro de población si no existen fuentes de agua habría que hacer inversiones sumamente altas para traer agua desde otro sitio. Hasta cuánto el país está en esas posibilidades de hacer esas inversiones", cuestionó.

Para este especial, se analizaron la cantidad de metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para Talamanca en los últimos 10 años. Estos son los metros construidos con permisos.

Del análisis de datos se observa que desde el 2014 se han tramitado aproximadamente 45.000 m² anuales, con un pico significativo de más de 70.000 m² tramitados en el 2018, principalmente debido a un trámite urbanístico en Bratsi. Esto evidencia una falta de planificación y posible negligencia municipal, al continuar facilitando y promoviendo un aumento en las construcciones, que es insostenible con las capacidades actuales para otorgar agua. Se nota especialmente de desarrollos habitacionales, que constituyen más de la mitad de los metros cuadrados tramitados.

Es particularmente preocupante que la mitad de los más de 500.000 m² tramitados en la última década se concentren en Cahuita. Este distrito contiene las comunidades más visitadas por turistas, incluyendo desde Puerto Viejo hasta Manzanillo. Pero según el Censo de 2022 solo el 60% de la población tiene acceso a agua intradomiciliaria. Y el propio AyA reporta que sus acueductos en Cahuita y Puerto Viejo enfrentan déficits hídricos importantes con proyecciones de empeoramiento severo en el futuro.

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Bajo este escenario sigue en discusión el polémico Plan Regulador Costero que promueve el alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, y hasta el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. El documento acepta que el consumo de agua potable es el servicio más sensible e incluso menciona que para la demanda proyectada "se requiere un pozo de aproximadamente 38,9 litros /segundo.

Este Plan estimula más crecimiento a través del ordenamiento de zonas - incluyendo comerciales - donde se podrían construir hoteles u otros inmuebles. Pero no menciona la brecha actual en el acceso al agua potable, ni el déficit hídrico que sufren los acueductos, ni realizó ningún estudio en el tema.

"Actualmente la mayoría de personas habitantes del sector adquieren el recurso mediante pozos. El Gobierno está con proyectos mediante el AyA, para solventar el tema y mejorar el servicio. De acuerdo con la capacidad instalada no se requieren inversiones en el rubro de abastecimiento de agua potable, ya que la capacidad instalada actual y prevista a 20 años, garantiza la satisfacción de la demanda de este servicio, tanto para la ZMT como para las comunidades vecinas", se lee en la página 15 del Plan Regulador en la sección de Proyección de la demanda de servicios públicos.

El Alcalde de Talamanca admitió que es negligente seguir construyendo sin tener disponibilidad de agua. Pero defendió que hay muchas construcciones ilegales, y que los permisos que la Municipalidad otorga sí cuentan con la disponibilidad que en la mayoría son pozos. Para el jerarca eso es suficiente. Además negó conocer de la problemática de pozos ilegales que se da en la zona, algo señalado en numerosas ocasiones incluso por el Ministerio de Salud.

Al ser cuestionado sobre cómo el Plan Regulador Cantonal asegura que se puede satisfacer la demanda de agua potable, cuando actualmente alrededor de la mitad de la población de Talamanca no tiene, Morales titubeó pero insistió que otros pozos del AyA que no se están usando "tienen la capacidad de sobra". El Alcalde justificó que de forma paralela al Plan se iniciarán obras para mejorar el abastecimiento en la zona de Cocles y Patiño con recursos del AyA; pero no pudo garantizar que sea suficiente para sostener el crecimiento proyectado.

"Yo no podría decir que es suficiente porque de pronto las dimensiones pueden ser mayores. Pero es un buen esfuerzo para mejorar las condiciones actuales", dijo.

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"El ordenamiento territorial debería tener estudios serios hidrológicos, hidrogeológicos para tener seguridad de con cuánta agua cuentan. Podemos decir ‘tenemos mucha agua, en el Caribe hay mucha agua’, porque se sigue con la idea de que en el Caribe llueve mucho. Uno, ya no llueve como antes, dos los sistemas hídricos en el Caribe dependen exclusivamente de la lluvia, a diferencia del Pacífico donde hay buenos acueductos", explicó la expresidenta del AyA, Yamileth Astorga.

Solución sostenible y ambiciosa

En Costa Rica, alrededor del 25% de la población recibe agua de una Asada u otro comité comunitario. Pero al mismo tiempo, estas tienen menos capacidades para garantizar la calidad del agua que gestionan y ejecutar proyectos. Tanto Zeledón como Astorga consideran que se necesita una ley para mejorar el servicio de las Asociaciones Comunales.

La Hoja de Ruta para agua potable y saneamiento en la Cuenca Sixaola, pagada en una consultoría por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (PNUD), señaló que en Talamanca la mayoría de los prestadores comunitarios tienen menos de 300 usuarios, lo que limita sus ingresos y dificulta el mantenimiento de los acueductos.

Si bien la ORAC Huetar Caribe (oficina regional) del AyA acompaña a las organizaciones, lo hace con pocos recursos y personal; y múltiples operadores no tienen suficientes recursos ni la administración adecuada. En un informe del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, se evidenció que en Talamanca, de una muestra de 15 operadores comunitarios evaluados (8 Asadas y 7 indígenas), todos con sistemas de cloración, solo 3 de estos ofrecieron agua potable a su población. Es decir, solo 18,75% tienen agua potable de acuerdo con las pruebas realizadas para el periodo 2020-2022.

Para la expresidenta del AyA, si se toma en cuenta las exploraciones de pozos y la calidad de las aguas superficiales, las únicas soluciones con suficiente recurso de forma sostenible sería un pozo profundo a más de 300 metros, o captar y tratar líquido del río en la parte media y alta de la Cuenca del Sixaola, donde es más sano y no está afectado por la contaminación sobre todo de plaguicidas.

En ese escenario se necesitan nuevos estudios, grandes inversiones, un proceso de consulta con los pueblos indígenas pues sus territorios contienen ese recurso hídrico, y hasta gestiones de Relaciones Exteriores ya que la Cuenca es compartida con Panamá.

"La única posibilidad es el agua del río Sixaola. Pero irse aguas arriba, buscando la parte media y alta de la Cuenca, que es territorio indígena. Habría que hacer consulta indígena. AyA tiene mucha experiencia y buenos resultados en consultas indígenas. No debería tenerle temor. Pero es un proceso largo", propuso, debido a la cantidad de comunidades indígenas que son más dispersas.

El Director de Agua advirtió que "si alguien no le mete el acelerador, recursos" el escenario se agravará.

"El Minae cobra 2=dos cánones. Generan bastantes recursos. Ingresaron 15% más de los recursos proyectados. Pero Hacienda nos recorta a usar el 60% de los recursos. Estamos dejando de invertir en monitoreo, capacidad local, estudios por el tope presupuestario (por la Regla Fiscal) aunque son recursos propios y tienen fines específicos. (…) Invertir en monitoreo no es un gasto, es una inversión. Estamos haciendo un proyecto para cuantificar esa narrativa de que invertir en agua le devuelve al Estado más", concluyó José Miguel Zeledón.