“Hay un abandono del Estado costarricense en materia de acceso al agua potable”, dice autoridad indígena en Talamanca

(Talamanca, Limón). En las aguas del río Shirolito, una niña con oscuro cabello y ojos de sueño se baña mientras su familiar lava utensilios. Aprovechan el agua de río luego de internarse por un sendero al lado de la comunidad de Monte Sion, en el límite de los territorios indígenas Bribri y Cabécar, los dos más grandes en Talamanca.

Como ellas, miles de ciudadanas costarricenses indígenas no reciben agua potable en sus casas. Se ven obligadas a usar y transportar en envases el líquido de ríos y quebradas. Estos cuerpos de agua eran limpios hace unas décadas. Hoy reciben contaminación y no dan la misma confianza a la gente local.

Una gran parte de los pueblos indígenas sufren la crisis por falta de agua potable en Talamanca, donde alrededor de la mitad de la población ve vulnerado ese derecho todos los días.

Según el Censo 2011 el 48% de la población del cantón se considera indígena, en su gran mayoría de 3 pueblos: Bribri, Cabécar, y Ngäbe. Los 2 primeros habitan principalmente en 4 territorios con poco más de 22 mil personas, de acuerdo con datos de población aportados por los gobiernos locales indígenas. El Pueblo Ngäbe no tiene un territorio oficial, por lo que su número actual es desconocido. Pero es de esperar que sumado a los pueblos Bribri y Cabécar, la proporción de indígenas en la actualidad se mantenga cercana a la mitad.

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Mucho territorio y agua, poca infraestructura de calidad

En los territorios indígenas los asentamientos y viviendas están dispersas, con pocos "centros" con alta concentración. Los acueductos que hay no cubren a todos los hogares. Al mismo tiempo, sus montañas y bosques guardan las mayores fuentes de agua en Talamanca aún sin estudiar, en la parte media y alta de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, junto a áreas protegidas.

En una dolorosa contradicción las comunidades indígenas son las que más padecen la desigualdad en el acceso al agua potable de calidad. No hay cifras oficiales ni análisis completos para estos territorios indígenas, pero a partir de las respuestas dadas por las cuatro autoridades indígenas consultadas para este especial, y un reciente diagnóstico realizado por la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe se puede estimar que:

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"El acceso al agua es muy escaso ya que en el territorio contamos solo con dos acueductos que tienen agua potable. Lo demás es traído de las quebradas, cada persona por sus propios medios utilizando sus propias mangueras", resumió el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabécar (Aditica, el gobierno local), José Ulises Uva Ríos.

"No tenemos el acceso al agua potable adecuado y pertinente en las casas. Tenemos mucha agua, muchos ríos, ojos de agua, sin embargo hay una debilidad tremenda en cómo traer ese líquido preciado a los hogares para consumo humano", señaló Heidi Mayorga Escalante, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri (Aditribi).

En el 2024, la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe ejecutó un proyecto de fondos europeos para mejorar las capacidades de los sistemas de abastecimiento de agua en estos 2 territorios indígenas. En el proceso elaboraron un diagnóstico de los sistemas existentes en conjunto con las autoridades y organizaciones que trabajan en la gestión del agua.

La Asociación enlistó carencias en:

• Una gran cantidad de comunidades desabastecidas de algún sistema.
• Deficiencias en infraestructura en todos los sistemas.
• Captaciones de agua superficiales muy antiguas o con deficiencias en la construcción que afectan la calidad del agua y la cobertura de la población.
• Poca participación de la comunidad.

"Hay problemas en la ampliación de la red de distribución del acueducto. Hay problemas de antigüedad, los materiales que se utilizaron ya están obsoletos, hace falta cambiarlos. Hay dificultades para que la gente de las comunidades se involucre más en las actividades del acueducto. Se recarga mucho un trabajo tan importante como la gestión del recurso hídrico en los directivos del comité de agua o Asada y eso debilita el trabajo", explicó Julio Barquero Elizondo, biólogo y consultor en el proyecto. Se suman los impactos de la deforestación, la sequía y el cambio climático.

Este mapa interactivo muestra las comunidades indígenas que cuentan con un acueducto, aunque muchos de estos no tratan el agua; y las que del todo no tienen sistemas.

Acueducto de punta ¿sin acompañamiento?

En los 24 territorios indígenas de Costa Rica, la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) es el gobierno local y representante legal de ese espacio y población. Así lo designó un decreto presidencial de 1982, aunque múltiples voces indígenas han cuestionado que es una figura impuesta por un Estado que creció de espalda a los pueblos indígenas.

En el 2012 la autoridad del Territorio Indígena Cabécar (Aditica) inició una lucha legal para que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) construyera un sistema que diera agua potable a casi 500 personas de 3 comunidades que no contaban con ningún acceso. Antes en el 2007, el AyA evaluó el caso pero no actuó.

Tras interponer sendos recursos de amparo, la Sala Constitucional dio la razón a la Aditica, y obligó al AyA a desarrollar los estudios y la obra. El proceso tardó más de una década, siendo el acueducto entregado en el 2023. Cubre las comunidades de San Vicente San Miguel, Sibujú y Progreso (ver mapa interactivo). Llegará a abastecer a 224 hogares y unas 1.000 personas. Pero aún falta que se conecten 104 viviendas más, cuyas familias deben pagar para construir la conexión.

El acueducto es una obra inédita en Talamanca y todavía más en territorios indígenas. Es de tecnología de punta; extrae agua de 3 nacientes; se instalaron casi 24 km de tubería y 10 tanques; y opera complejos equipos eléctricos para el bombeo y la cloración del líquido, según detalló el AyA.

El Instituto invirtió ¢1.549 millones en un acueducto que debe operar la recién formada Asada Tsá Diglo Wak (Dueños de nuestra agua en idioma cabécar). Sin embargo presenta fallos que afectan el servicio y no están siendo atendidos. La obra ejemplifica la tensa, distante y lenta relación del Estado costarricense con los pueblos indígenas.

La Asada denuncia que el proyecto se entregó "a medias", pues no tienen suficiente documentación ni claridad sobre las garantías. El presidente de la Asociación Tsá Diglo Wak, Víctor Reyes Fernández, aseguró que el acueducto presenta fallos en los equipos de bombeo y cloración. Reclamó que ni el AyA ni la empresa proveedora resuelven.

"No nos entregaron fluidamente los documentos, garantías. Aún estamos tratando de comunicarnos con ellos y nos tienen abandonados, no nos contestan como tiene que ser, nos dejan en visto. El bombeo, que es el corazón de la tecnología donde el agua tiene que distribuirse, se quemaron algunos cables, y el bombeo dejó de trabajar.

Le pedimos al AyA para que les dijera a los proveedores, y no vino, vino el técnico del AyA. El proveedor le dice al técnico del AyA que no cambie, y lo que hicieron fue un remiendo de esos aparatos del bombeo, y lo dejan amarrados, esperando que en cualquier momento se vuelva a descocherar", dijo el dirigente comunal.

En Territorio Indígena Cabécar viven unas 2.300 personas según las estimaciones de su autoridad (el dato del Censo 2011 es de 1.435). La Aditica estima que 2 de cada 5 no tienen agua potable en sus casas, y recurren a traer agua de quebradas o nacientes con mangueras o baldes. El presidente de la Asociación, José Uva, fustigó la baja inversión del Estado en territorios indígenas.

"Si no hubiera sido por un recurso de amparo no contaríamos con ningún acueducto construido por el AyA. Somos parte del territorio nacional pero muchas veces nos ven como un territorio aislado. Se demuestra que los derechos a los pueblos indígenas no se les otorga. Los pueblos indígenas siempre tenemos que pelear y exigir nuestros derechos. El AyA tiene que vigilar, cuidar, como un ente público, gubernamental tiene que asumir sus compromisos, obligaciones. Se ve como mala intención o discriminación por parte del Gobierno, nos dan las sobras, y los demás juéguensela", dijo Uva.

El Presidente de la Asada afirmó que hace más de 3 años el AyA y la empresa constructora del acueducto se comprometieron a dar acompañamiento técnico, dado que la organización no tiene el conocimiento para administrar equipos de tanta tecnología. Sí hubo capacitaciones, pero señaló que no fueron suficientes.

"Para problemas de daños de los aparatos que tenemos, nuestros fontaneros son sencillos, no son electricistas, no son técnicos. Solamente por WhatsApp nos han ayudado, pero no que estén acá caminando, apoyando a la ASADA. Para ellos es una ASADA que no tiene que ver con el AyA. Pero sí tenemos que dar cuentas", reiteró Reyes.

"Para un proyecto de este nivel, de esta alta sofisticación, sí falta mucho acompañamiento. Primero de la empresa que no lo dio, y del personal técnico del AyA. Debería procurar con una inversión tan importante, histórica, no hay un acueducto de esas dimensiones en el cantón de Talamanca. (…) Hay un desnivel en cuanto a la capacidad instalada para el manejo de esta infraestructura", afirmó Julio Barquero del Corredor Biológico Talamanca Caribe.

Desde el 14 de noviembre del 2024 El Observador solicitó una entrevista con el presidente del AyA, Juan Manuel Quesada Espinoza. Pero hasta la fecha no se ha tenido respuesta.

Inversiones…pero con un plan

Para la Presidenta de Aditribi "hay un abandono del Estado costarricense en materia de acceso al agua potable". "Necesitamos apoyo financiero, técnico. Preparar gente de nuestras comunidades para tener mano de obra local y calificada. No solamente para construir", aseguró Heidi Mayorga.

Aditribi, Aditica y organizaciones gestoras del agua coinciden en que son imprescindibles las inversiones de las instituciones.

"Hacer un proyecto como el (acueducto) que se cuenta en San Vicente es imposible. Tenemos que establecer mesas de trabajo, comunicación con el Gobierno, su compromiso para que podamos alcanzar las metas y abastecer de agua potable a nuestros ciudadanos", señaló el presidente de Aditiva, José Uva.

"(El AyA) como ente rector del agua tiene una deuda muy grande con los territorios, comunidades donde no hay agua potable. Es necesario que lleguen a esos lugares", dijo Manasés Gallardo Morales, vicepresidente de la Asociación Indígena Dí Konuk, que abastece a Suretka en el Territorio Indígena Bribri, pero desde la figura de asociación con fines específicos, no una ASADA.

Mayorga enfatizó en que si bien las inversiones públicas son vitales, los territorios indígenas deben identificar las necesidades y posibles fuentes de agua, y desarrollar un plan sólido. "Si un territorio no tiene un plan trazado para mediano y largo plazo, no tiene las herramientas para poder exigirle al AyA, al Estado, qué es lo que nosotros queremos", señaló la presidenta de Adritribi.

Los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT) se presentan como una oportunidad para ejecutar proyectos de agua potable. Son herramientas por medio de las cuales los territorios indígenas priorizan sus intereses, necesidades y proyectos; y deben ser construidos de forma colectiva con todas las comunidades de cada territorio.

Los PAFT son parte de la Estrategia REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque), iniciativa global amparada por Naciones Unidas que busca dar millonarios financiamientos y estímulos a países, instituciones y pueblos indígenas por proteger los bosques.

Países ricos que contaminan más pagan por ese impacto negativo que mantienen en su producción, financiando iniciativas en países pobres para que estos conserven el ambiente. El esquema ha sido cuestionado por exagerar las reducciones de emisiones que se logran, no solucionar las causas raíz de la deforestación y la crisis climática, y otras dinámicas. Sin embargo, es una de las mayores fuentes financieras para acciones climáticas en Costa Rica.

Desde el 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es parte de la Estrategia a través del Proyecto REDD+ Pago Basado en Resultados con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) como principal contraparte gubernamental. El proceso pretende que los territorios indígenas elaboren su PAFT. Así pueden acceder a los contratos de reducción de emisiones forestales (CREF) y reciben fondos por haber cuidado bosques en años pasados. El Fondo Verde del Clima otorga la mayor cantidad de recursos.

La mitad de los 24 territorios indígenas en Costa Rica ya tienen su PAFT incluyendo 3 de Talamanca: Bribri, Cabécar y Kéköldi. En el 2023, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) informó que el Territorio Cabécar recibiría ¢234 millones de estos fondos. En su PAFT, este Territorio priorizó la construcción de mini acueductos en cinco comunidades, apartando un presupuesto de ¢31 millones.

Por su parte en su PAFT, el Territorio Kéköldi señaló que "uno de los temas urgentes es contar con la distribución de agua potable y el almacenamiento". Definió que el 15% del presupuesto recibido se dedique a este fin con la construcción de cuatro acueductos.

El Territorio Bribri finalizó recientemente su PAFT. Su Presidenta urgió al Gobierno a trabajar de forma coordinada, como lo obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. "Ese plan no se puede quedar en un solo proyecto. El MIDEPLAN lo declaró de interés público (los PAFT). Si podemos utilizar esa herramienta e incluir el tema de acceso al agua de una manera contundente, el Estado está en la obligatoriedad. Y también en la obligación de apoyarnos a buscar financiamiento para dar respuesta a esas necesidades", puntualizó Heidi Mayorga, quien recordó que cada territorio puede decidir otra forma de planificación.

La actual directiva de Aditribi está a punto de terminar su periodo. Y lo hará con el PAFT ejecutándose, pero en medio de una polémica ligada al proceso. Organizaciones del Territorio Bribri denunciaron que parte de la junta firmó un contrato con una empresa privada en relación con créditos de carbono. La Presidenta Mayorga lo niega. Las dudas y diferencias internas también afectan la meta de dar agua potable a toda la población.

Tras el trabajo realizado con acueductos de estos 2 territorios, el biólogo Julio Barquero coincidió en que el AyA y la Dirección de Agua deben invertir más; y que se podrían ampliar los fondos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) que reciben los pueblos indígenas y usar recursos de la cooperación internacional concretamente para proyectos de abastecimiento de agua.

¿Pagar por agua? Sí, ya no es como antes

En la cosmovisión indígena el agua es sagrada. Los pueblos originarios han tenido una tradición de conservar la naturaleza, y usar los recursos necesarios de forma sostenible. También han tenido la tradición de tomar agua de ríos o nacientes directamente, confiando en que el ambiente esté saludable y no les afecte. La actividad humana – externa de los sikuas ("extranjeros o no indígenas" en idioma bribri) e internos lejos de la tradición – cambia esa confianza.

"Bajo nuestra cosmovisión los pueblos indígenas nunca han tratado agua para tomar, siempre la han tomado de la quebrada, de la naciente. Al llegar el momento que como Asada le pedimos que tiene que ser agua tratada ha sido celosa la gente, que porqué tenemos que tratar el agua. Pero como ASADA los requisitos los pide el AyA y el Ministerio de Salud. Salud nos solicita que todo lo que sea acueducto y ASADA debe ser el agua tratada, porque estamos sirviendo agua para salud, tenemos que llevar agua bien purificada. Estamos haciendo la fuerza para que la gente vaya acomodándose", mencionó el presidente de la Asociación Tsá Diglo Wak, Víctor Reyes.

El biólogo Julio Barquero, con muchos años de trabajar en Talamanca y territorios indígenas, comentó que la gente es más consciente de la necesidad de purificar el agua antes de consumirla.

"El agua ‘cruda’, simplemente tomar el agua de la quebrada, no se ve con tan buenos ojos porque hay una noción de que el agua puede estar contaminada, que hay vecinos, deforestación cerca de las nacientes, animales domésticos, ganado en las cuencas", dijo.

A pesar del cambio en la gente, el tratamiento del agua no es completo. En Territorio Indígena Cabécar de 6 sistemas solo 1 cuenta con clorador, el acueducto más reciente y moderno.

En Suretka el cambio se ha vivido con fuerza. En 7 años, el acueducto casi duplicó la cantidad de servicios. En las últimas décadas aumentó la contaminación de los ríos por vertidos de aguas residuales, ganadería con prácticas dañinas, agroquímicos en cultivos de banano y plátano, entre otras actividades humanas.

"Hay personas que creen que el cloro no se debe utilizar. Pero sabemos que es necesario. No hemos tenido problemas de salud por agua. Y tenemos el respaldo de los estudios de calidad de agua que hemos hecho; y testimonios de la Caja de la clínica que determinan que una enfermedad es un virus, pero no por el agua. Tenemos ese respaldo para seguir trabajando con agua clorada. No hemos tenido negativa de la gente. Se quejan por la escasez", explicó Manasés Gallardo de la Asociación Indígena Dí Konuk que abastece a Suretka.

Los tanques que manejan tienen aparatos que dispensan el cloro adecuado todos los días; y cada día hacen mediciones del nivel para evitar que se excedan los límites permitidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo esta constancia técnica no es norma en los pueblos indígenas.

El Ministerio de Salud registra 15 acueductos en territorios indígenas, aunque hay más. Entre el 2014 y el 2024 la institución giró más de 50 órdenes sanitarias a los distintos acueductos del cantón, la mayoría a las asociaciones comunales sobresaliendo en la lista las indígenas. Salud no ordenó el cierre de ninguno, aunque justificó que se realizaron acciones correctivas.

"La intervención es a través de mesas interinstitucionales, coordinación con otras instituciones, atención de denuncias, donación de cloradores, reuniones con representación indígena, capacitaciones y talleres, dónde se da un acercamiento con las comunidades", respondió el Ministerio.

Entre la cosmovisión indígena y el impacto de la actividad humana se mueve la urgencia de pagar por tener el servicio del agua potable. "Hay personas que están muy conscientes y otras no. Es un agua clorada potable que requiere mucha inversión para poder llegar a los hogares y que no afecte la salud. Antes teníamos un servicio en el cual llegaban objetos en el agua, hace muchos años", destacó Gallardo.

"Cambiamos radicalmente de un proceso en el que tomaba agua de una manguera desde la naciente, ahora tengo un medidor que me marca los metros cúbicos de agua que estoy gastando. Nuestros beneficiarios se han enredado y han estado inconformes, pero se les ha estado explicando de cómo es el proceso para pagar", reconoció la ASADA en Territorio Cabécar.

En Suretka se paga una tarifa mensual de alrededor de ¢5.000. En Amubri, al otro lado del Telire, muchos pagan menos de ¢2.000. Para una nueva conexión al moderno acueducto en Territorio Cabécar hay que pagar ¢125.000. Algunas organizaciones del agua han tenido éxito en lograr que la gente pague; otras asociaciones languidecen sin recursos que permitan el mantenimiento.

"Es complicado. Si pagan ¢2 mil y les decimos que vamos a subir ¢500, muchos dicen ‘por qué, si el agua es de nosotros, está aquí’. No son conscientes que se necesitan recursos para poder gestionar. El acueducto de Sepecue tiene más de 40 años, hay que renovar estructuras. Hay una tarifa hídrica. Lo hacen echado a uno de la comunidad si sube a esa tarifa. Sepecue tuvo problemas, tenían orden sanitaria del Ministerio de Salud y no podían cumplir", dijo con pesar Allan Segura Hernández, secretario y encargado del tema hídrico en ADITIBRI.

El pendiente de ordenar la casa

"Se puede y deben juntar las visiones del Gobierno y el territorio."

Manasés Gallardo es enfático en torno a algo que considera indispensable para atacar la desigualdad en el acceso al agua potable en Talamanca: acercar y emparejar la perspectiva de los pueblos indígenas con la operación de las instituciones y su regulación de los recursos hídricos. Para lograrlo, el líder comunal reconoce que los territorios indígenas deben por fin desarrollar de forma consensuada entre todas las comunidades y aplicar un reglamento en torno al agua.

"Existe un borrador de reglamento, pero no tiene cumplimiento. Por más que diga que se debe proteger una naciente, 5 hectáreas; manto acuífero otra cantidad. Pero en la realidad no se cumple", lamentó Gallardo. La Asociación Dí Konuk sí cuenta con un reglamento para Suretka.

En Talamanca, decenas de organizaciones indígenas bribri, cabécar y ngäbe destacan por impulsar proyectos de conservación de los ecosistemas, incluyendo protección del agua. Los 24 territorios indígenas contienen casi el 9% de todo el bosque de Costa Rica según la Estrategia Nacional REDD+. "Los hace medulares en acciones de conservación", señaló Yanory Rojas Morales, del Pueblo Boruca y especialista en trabajo con pueblos indígenas del PNUD, en un artículo.

Los pueblos originarios – los de la Gran Talamanca no son la excepción – sobrellevan conductas distintas a su cosmovisión que también se reproducen entre su gente. "Somos protectores del medio ambiente. Sin embargo se ha venido un cambio de mentalidad en donde se ha dado la explotación masiva de las tierras, los cambios de uso de suelo, se utilizan lugares donde hay fuentes de agua y no se protegen", reconoció Manasés Gallardo.

El Corredor Biológico Talamanca Caribe concluyó que de las asociaciones que gestionan acueductos, más del 25% en Territorio Bribri y casi el 40% del Territorio Cabécar, implementaron acciones de reforestación alrededor de fuentes de agua para combatir el cambio climático. Es decir, la preocupación y el esfuerzo de las organizaciones son latentes, mas no hay una normativa para todo el territorio que permita regular la actividad de distintos grupos de agua e impulsar más consciencia en las personas.

Heidi Mayorga coincidió que desde la figura de la Aditribi se debe trabajar una reglamentación general para todo el territorio, en conjunto con las juntas de vecinos y otras asociaciones comunitarias. También resaltó que hay deficiencias en la operación de muchos comités informales y pequeños.

"Tenemos que concientizar en cómo vamos a administrar el agua. Comprender que el acceso al agua potable, lo que se cobra son los servicios, mantenimiento para que el agua pueda llegar (…) al tubo. Muchas veces no lo queremos reconocer. Nos conformamos en un comité, pero ¿cómo vamos a administrar los recursos? Tenemos que tener ordenada la casa. Y una parte es la administración y el financiamiento, cómo se manejan los fondos. Porque no vamos a tener un comité si no estamos viendo cuáles son las respuestas que se están dando a la comunidad para tener instalaciones adecuadas, fontanero, mantenimiento. Ha habido una limitación", señaló. En el periodo de la actual directiva el reglamento no se finalizó.

Además de la cloración del agua, un mayor pago por el servicio y el reglamento; el tipo de asociación que se conforma es otro punto que genera diferencias internas. En Suretka, a pesar de ser un acueducto estable, optaron por ser una asociación con fines específicos y no una Asada.

Según el Vicepresidente fue una decisión del pueblo. Pero la Aditribi también incide al no promover esta figura. Esto les impide recibir apoyos del AyA como tuberías o perforación de pozos, que solamente dan a las ASADAS. Las personas consultadas coincidieron que esto es parte de lo que los territorios deben ordenar. Y requiere la consulta a las comunidades.

En Territorio Cabécar la Asada Tsá Diglo Wak aún está batallando para alinearse a las normativas del AyA y su rendición de cuentas, en temas como reporte de gastos y cobro de tarifas. Su presidente Víctor Reyes pide que la regulación del Gobierno se ajuste a conceptos y prácticas del Pueblo Cabécar.

"Tenemos que trabajar bajo la ley y convenio que nos ampara. No podemos aplicar el mismo reglamento. Hay muchos indígenas que no hablan el español bien, no pueden sumar o leer. Tenemos que trabajar más pacífico con ellos, y el AyA nos dice ‘se aplica así, ¿entendiste sí o no? Pero se aplica de esta manera’. Esto nos ha puesto a trabajar más fuerte. Nos ha costado acomodarnos a ese sistema. El AyA tiene que cambiar el sistema bajo nuestro concepto, de nuestra cultura", pidió Reyes.

"Necesitamos tener orden, un reglamento para no estar desperdiciando el agua. Le pido a mi gente que tenga mucho compromiso, responsabilidad, solidaridad para que entre todos cuidemos el recurso hídrico", agregó el presidente de la ADITICA, José Uva.

La fuente en los territorios indígenas

Como se mostró en el reportaje #2 de este especial, ni el AyA ni la Dirección de Agua saben dónde en Talamanca están las mejores y más sostenibles fuentes de recurso hídrico que permitan resolver la brecha de acceso al agua potable. Esto por la falta de estudios completos y profundos que lo evidencien.

Pero la mejor información disponible apunta a buscar aguas arriba en la Cuenca del Río Sixaola. "Las soluciones están dentro del territorio indígena. Ahí es donde está el agua", afirmó entre risas Moisés Enrique, presidente de la Asada de Bribri, el mayor operador comunitario del agua en el cantón. La Asociación abastece casi 1.000 servicios dando agua a más de 5.000 personas.

Con más de 20 años de operar, esta Asada da agua a mucha población indígena, incluyendo la Escuela de Volio dentro de Territorio Bribri y la comunidad de Chase.

La administradora del Acueducto de Bribri, María Arias, explicó que en el pasado la Aditribi se acercó a la Asada para pedirles apoyo en dar cobertura a hogares dentro del Territorio Indígena. Entonces se generó una estrategia en la cual el gobierno indígena permite a la Asociación captar agua de nacientes dentro de sus límites, al tiempo que recibe la conexión de los hogares que necesitan.

"Se ha mantenido esa comunicación fluida y amistosa entre ambos, nosotros los sikuas y el territorio. Pero qué vaya a pasar si el Gobierno central quiere extraer agua de arriba, depende de los intereses. (…) Yo te doy, ¿pero qué me das? ¿Mi pueblo va a tener agua o solo va para afuera?", dijo Arias.

Yamileth Astorga Espeleta, expresidenta del AyA del 2014 al 2020, aseguró que las soluciones con suficiente agua de forma sostenible serían un pozo profundo a más de 300 metros, o captar y tratar líquido del río en la parte media y alta de la Cuenca del Sixaola, donde es más sano y no está afectado por la contaminación sobre todo de plaguicidas. Ambas posibilidades se ubicarían en territorio indígena. Esto implica un proceso de consulta con todas las comunidades.

Un proyecto de esta envergadura no está ni el tintero aún. La presidenta de la autoridad del Territorio Bribri descartó poder dar una respuesta a la posibilidad, pues externó que primero se tendrían que tener estudios, conversaciones con el Gobierno y consultas en las comunidades. Además defendió que se debe definir cuánto y qué queda para los pueblos indígenas.

"Es viable que escuchemos a las comunidades, los pueblos, qué visualizan, qué ven, cómo consideramos desde nuestra cosmovisión qué es un río. Y si lo vamos a hacer, cómo, cuáles son las utilidades que vamos a obtener de manera horizontal junto con el Estado. No son migajas. Si empezamos a hablar de esto yo voy a sacar el tema de las utilidades. Las utilidades deben ser accesibles, contundentes para un territorio", enfatizó Heidi Mayorga.

Manasés Gallardo ve viable una mayor extracción de agua desde territorios indígenas, pero con la condición de que se permita ordenar la casa y dar agua potable a todas las comunidades de los territorios indígenas.

"Dar agua a (la comunidad de) Tsoki que tiene cuatro mini acueductos y no funcionan. A comunidades sin agua como Meleruk. Empecemos a ordenar esto. Ok, agua para abajo, pero atendamos estas comunidades como Telire. Han vivido por años ahí y han conservado las montañas, pero en temas de salud están muy bajo, acceso a la medicina, al agua potable ni hablar. Primero tengamos bien a los de la casa, porque ha sido su cuido el que ha conservado la parte alta, las montañas", zanjó.

Una manguera negra y una tubería blanca serpentean en el aire sobre las aguas del río Shirolito. Se entrelazan amarradas con alambre de púas y pedacitos de mecate, trayendo agua sin tratar de una fuente en la comunidad de Monte Sión, en el límite de los territorios indígenas Bribri y Cabécar, los 2 más grandes en Talamanca…

La culebra plástica viene del verde y sale al verde camino a abastecer hogares que no tienen acceso a agua potable para consumo humano. Es la desigualdad y violación de un derecho humano que muerden a alrededor de la mitad de la población de Talamanca, una gran parte indígena.

La solución a la crisis por falta de agua potable en el cantón implica muchos proyectos, un plan ambicioso que aún no existe y una perspectiva intercultural que respete los derechos de los pueblos indígenas. El olfato y la experiencia de quienes trabajan con el agua en Talamanca apuntan a territorio indígena. El cómo es incierto.