Crisis por falta de agua potable en Talamanca se agravará ante inexistencia de plan de las instituciones

(Talamanca, Limón). En Tanagra de Celia de Sixaola un niño descalzo se acerca a llevar agua en un envase plástico. Llena la pichinga blanca y algo sucia en un tubo que abastece casi 40 inmuebles donde viven más de 130 personas. Lo hace a distancia de su vivienda, es decir, su familia no cuenta con agua potable intradomiciliaria (como se clasifica en estadísticas nacionales); con lo que todos los días ve vulnerado un derecho humano consagrado por la Constitución Política de Costa Rica.

En esa comunidad a 10 km de la frontera con Panamá hay tres “previstas” (punto para la conexión del servicio que pone el AyA) sobre la carretera principal de Sixaola.

En una de esas previstas está conectada la casa del dueño; en otra se conectaron unas 13 casas colocando mangueras y tuberías hechizas para llevar el agua hasta los inmuebles que en su mayoría son informales y con carencias; y de la tercera se extienden a un tubo dentro de la callejuela principal de Tanagra, donde se llenan baldes y envases para llevar a casa. Aquí viven más de 200 personas en poco más de 50 inmuebles.

Muy cerca, en Zavala, también en el distrito de Sixaola, la situación se repite, pero con una sola prevista de la cual toman agua familias de 42 casas, ranchos y hasta una cuartería donde eran los baches de los trabajadores de las bananeras en el pasado: asentamientos con más de 200 personas. Desde hace mucho, el agua potable para consumo humano es un bien de lujo aquí y en muchos barrios de Talamanca.

“Hay tubos que se han reventado. El tubo (en los baches convertidos en cuartería) siempre estaba botando agua. Entonces toditos fuimos a decirle ‘o lo componen o ven qué hacen’, porque aquí no se puede estar gastando un poquito de agua, ahorita el agua es oro”, enfatizó Josefa López Hernández, residente y conocida lideresa de Zavala.

“(Después de que se fue la bananera) empezamos a tener problemas con el agua porque se empezaron a hacer pozos artesanos (sic) (artesanales). Fue ahí donde se murieron 3 niños porque la gente no acostumbra a colar el agua o hervirla. Vino una fundación y donó filtros. El tubo lo tenemos porque le pedimos permiso al dueño de la prevista y él nos dejó pegarnos ahí y nos metimos todos”, describió Santo Lira Jirón, líder comunal en Tanagra, sobre un problema que cumple 20 años.

Son parte de la mitad de la población de Talamanca que no tiene acceso a agua potable. En sus viviendas no tienen agua para tomar, bañarse, cocinar… El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) conoce de esta crisis, pues su propio Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) lo ha alertado. Sin embargo en la entidad no existe ningún plan de acción, estrategia o siquiera un documento que aborde cómo resolver la problemática.

En el 2020 el Laboratorio señaló que Talamanca era el cantón en rojo en la provincia de Limón en cuanto a no tener agua potable. La brecha por potabilidad era de 0,57: de casi 21 mil habitantes solo 11.776 tenían agua potable en sus viviendas. Es decir, casi la mitad de la población (43%) no tenía el servicio. “La atención con prioridad inmediata debe darse en el cantón de Talamanca“, concluyó el Laboratorio.

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La más reciente alerta fue en junio del 2024 con Talamanca retratado como quinto en la tabla de cantones con mayor cantidad de viviendas y población sin servicio de agua para uso y consumo humano, con 1.126 viviendas en esa condición que habitan 3.491 personas. El informe hizo estimaciones a partir de datos del Censo 2022 el cual no cubrió a toda la población, por lo que la gravedad de la crisis podría ser mayor.

El AyA realizó las estimaciones de población con un promedio de 3,1 personas por vivienda. Además consideró únicamente las localidades con 10 viviendas o más en cada cantón, por lo que en cantones como Talamanca – con una densidad habitacional muy baja – de nuevo la desigualdad podría ser mayor. De ahí la gran diferencia entre las cifras de personas con acceso en reportes del mismo Laboratorio en momentos distintos.

Lo sabe también la Municipalidad de Talamanca cuyo Concejo declaró emergencia social por la falta de agua potable en noviembre del 2020. Pero en el cuestionado Plan Regulador Cantonal, que defiende el alcalde Rugeli Morales Rodríguez y hasta el presidente Rodrigo Chaves Robles, se estimulan más construcciones argumentando que se apoyará al AyA para "garantizar el abastecimiento de agua potable en las comunidades costeras", sin decir cómo, sin indicar de dónde vendrá el líquido, ni mencionar la crisis.

Incluso el polémico documento argumenta sobre el agua que la "capacidad instalada actual es suficiente para la demanda en el mediano y largo plazo", aunque no cita ningún estudio al respecto.

Sin disponibilidad donde antes la bananera daba el agua

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La mayoría de la población en Tanagra son indígenas ngäbe, muchos binacionales (ciudadanía costarricense y panameña), que trabajan en las empresas transnacionales agroindustriales que cultivan banano en Sixaola; o venden el fruto que producen por su cuenta. También hay panameños, nicaragüenses y costarricenses de acuerdo con un diagnóstico para la prevención del riesgo realizado por la Universidad Nacional junto a la comunidad en el 2014.

Tanagra y Zavala son los nombres de fincas bananeras donde vivían los trabajadores y sus familias. Tierras que empresas abandonaron hace 20 años, lo mismo que en las conocidas como Talamanca, La Bribri y otras. Esto después de la gran inundación del 2005 que dañó los cultivos.

Ambos sitios se consolidaron como barriadas. En su momento, las compañías aportaban el agua para consumo humano, como hoy lo hacen otras en propiedades en Sixaola que aún explotan y producen. Tras su salida en estas 2 comunidades y otras aledañas se cerró el tubo.

"La bananera brindaba el agua a todas las casas. Después de que las bananeras quebraron y nos quedamos aquí, ya no hubo servicio de agua e hicimos cada quien su pozo artesanal, cada quien a como pudo hizo su pozo porque ¿de qué íbamos a vivir?", recordó Josefa López Hernández.

En Zavala las más de 200 personas en más de 40 viviendas hacen malabares con el agua. Un solo tubo para tantas conexiones irregulares no da abasto. Acumulan líquido que mejoran quienes tienen un filtro donado; algunas se levantan más temprano para lavar pues hay cortes; y usan pozos de los cuales ya existen alertas de contaminación pues están muy cerca de tanques sépticos.

"Todo mundo se preocupa porque si nos cortan esa agua que tenemos ahorita, será con los pozos contaminados. Ya aquí tomaron muestras, tanto la Universidad (Nacional) como el Ministerio de Salud, y dijeron que era agua contaminada parece que con heces. Hay que seguir con pocitos, si la vienen a cortar, que lo pueden hacer, ya cortaron una al otro lado de la calle. Porque aunque el agua sea contaminada ¿qué podemos hacer?", lamentó López.

De acuerdo con Santo Lira, quien en el pasado fue parte de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Celia – comunidad de Sixaola que cubre a Tanagra y Zavala – el AyA les ha negado la solicitud de contar con agua potable en las casas, alegando que no son dueños de la tierra. Esta sigue estando a nombre de otras personas, empresas y hasta bancos.

Sin embargo, el Reglamento para la prestación de los servicios de AyA sí estipula la posibilidad de otorgar una conexión especial a ocupantes de inmuebles sin título de propiedad. Una ADI u organización con cédula jurídica debe hacer la solicitud; debe contar con el permiso del dueño registral; y debe ser estudiada y avalada por el AyA.

Las disponibilidades de agua del AyA – un trámite indispensable para obtener un permiso de construcción – aumentaron en los últimos 5 años. Pero ante la sequía hidrometeorológica que afecta las fuentes de agua en el Caribe Sur desde hace más de 2 años, el AyA dejó de tramitar nuevos servicios.

"Lo que se tiene es un análisis de capacidad hídrica que nosotros mismos elaboramos que indican que el acueducto es deficitario y que, por tanto, solo se tramitan nuevos servicios en las áreas ya cubiertas", respondió el AyA consultado por la crisis.

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"Cuando fui al ICE para pedir la luz, les dije como pobres que somos sí podemos pagar pero necesitamos la luz. A nadie le gustaría vivir sin luz y sin agua, es lo principal. Eso mismo yo digo al AyA, así como uno pide el agua no es para que la regalen, es porque uno puede pagarla y economizarla", reclamó López.

Falta de información y ausencia de un plan maestro

El Análisis Transfronterizo (AT) desarrollado por el Proyecto Conectando Comunidades y Ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) compiló que en Talamanca más de la mitad de la población no tienen acceso al agua potable, esto a partir de datos del Censo 2011. El documento señaló la limitación como uno de los 8 problemas ambientales prioritarios para la Cuenca del Sixaola, ubicada mayoritariamente en este cantón.

El Observador analizó los datos disponibles del Censo 2022, aunque fue incompleto ya que alcanzó apenas al 61% de la población. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima la cantidad de viviendas que reciben agua de un acueducto. A partir de estos datos, el 67,5% de la población del cantón estaría cubierta con acueductos.

Pero muchos de esos sistemas no dan el tratamiento adecuado (cloración) al agua ni realizan los controles de calidad necesarios (evaluación) según la normativa. Estas brechas en cloración y evaluación generan una diferencia con el agua potable para uso y consumo humano.

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A pesar de que las escasas estadísticas ponen a Talamanca en rojo y su propio Laboratorio ha alertado de la situación, el AyA no maneja un plan, estrategia o siquiera un documento para abordar la crisis. La Presidencia de la institución, a través de su asesora de comunicación, negó conocer informes sobre la falta de acceso al agua potable en el cantón.

"No se tienen informes de instancia alguna sobre faltantes de agua en este sector de forma prolongada", respondió el Instituto por escrito. Al insistírsele sobre los reportes de su propio Laboratorio indicaron que "a nivel de región Huetar Caribe no se tienen estos informes. De lo descrito parece indicarse un problema a nivel de cantón y no de faltante en los sistemas administrados por AyA directamente. Muy probablemente el porcentaje de personas con agua potable sea de los sistemas administrados directamente por AyA. De los otros no se tiene competencias", alegó.

Sin embargo, la propia Ley del AyA define que es el ente rector en materia de abastecimiento de agua y operación de acueductos para todo el país. Además sí tiene responsabilidades de fiscalizar a otros operadores como Asa. Desde el 14 de noviembre del 2024 El Observador solicitó una entrevista con el presidente del AyA, Juan Manuel Quesada Espinoza. Pero hasta la fecha se ha negado la petición y otra información solicitada.

Pozos secos y crisis hídrica

En el amplio cantón de montaña, ríos y costa, el AyA opera solo 2 acueductos. Según la respuesta del Instituto hay 7 comités y Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas); así como 21 sistemas – muchos informales – en los 4 territorios indígenas dentro de Talamanca (Bribri, Cabécar, Kéköldi, Telire).

La entidad estima que entre esos distintos operadores se dan 8.177 servicios a 30.672 habitantes. Según el Censo 2022 la población del cantón es de 48.906. Con estos cálculos, actualmente se estaría dando agua al 63% de los habitantes, pero el AyA no maneja una estadística contundente. Como se mencionó, el Censo 2022 estima en 67,5% la proporción de viviendas con tubería de agua que proviene de un acueducto.

De acuerdo con datos manejados por la Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC) hay 29 operadores comunales – muchos sin constitución formal ante el AyA – que gestionan 4.323 servicios. Son cantidades de operadores y servicios levemente mayores a las estimadas por el Instituto en su respuesta a El Observador.

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Todos estos operadores funcionan en condiciones complejas: falta de agua de sus fuentes superficiales porque hay menos lluvias; crisis climática; recursos limitados para inversiones necesarias; reducido acompañamiento técnico de las autoridades; y agua superficial que tiende a tener mucho hierro y manganeso, sustancias dañinas para la salud humana que deben ser removidas con costosas plantas.

Desde el 2023, el AyA utiliza el Índice de Capacidad Hídrica (ICH) como herramienta para medir la capacidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable. El ICH indica el porcentaje de déficit o superávit de la capacidad de abastecimiento con relación a la demanda total requerida, y una demanda proyectada en el futuro.

El Índice clasifica los acueductos en 4 categorías:

• rojo para déficit mayor a -20% (I),
• naranja para déficit entre -20% y -5% (II),
• amarillo para déficit entre -5% y superávit 10% (III),
• y verde para superávit mayor a 10% (IV).

Cada categoría indica las acciones operativas necesarias y el impacto en el servicio.

En el primer año de análisis con este Índice, los acueductos de Hone Creek-Puerto Viejo y de Cahuita presentaron un balance negativo cercano al -20% en el 2024, que seguirá empeorando según las proyecciones.

Aunque no se tiene planeado incrementar la producción actual de agua para los sistemas Hone Creek-Puerto Viejo (79 L/s) y Cahuita (4,57 L/s), sí se proyecta que la demanda aumente. Por lo que el AyA estima que el ICH empeorará significativamente para ambos acueductos. Se prevé que Cahuita entrará en la categoría roja a partir de este mismo 2025 y el de Hone Creek-Puerto Viejo lo hará en el 2028.

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El Informe Estado de la Nación 2024 advirtió que Costa Rica enfrenta una combinación de elementos que "está generando condiciones objetivas para una crisis hídrica". Karen Chacón Araya, investigadora del Informe, puntualizó que la crisis se expresa en condiciones negativas que se extienden a más población y un déficit hídrico que dura años con más cortes de agua.

Si bien el Estado de la Nación no ha puesto la lupa en el agua de Talamanca, Chacón explicó que detrás de la brecha en el acceso al agua potable hay elementos propios:

1. Ausencia de ordenamiento territorial: "En gran medida explican las problemáticas que estamos enfrentando. No haber hecho procesos ordenados, planificados, vinculados al desarrollo de transporte. Genera mucha presión sobre el recurso y en función de la demanda. Se genera una demanda para la que no hay capacidad de subsanar."
2. Incapacidad del Estado para controlar los impactos de los usos del agua: "No tratamos aguas residuales, eso regresa a cuerpos, no hay tratamiento y suma contaminación."
3. Limitaciones para desarrollar la infraestructura: "Las inversiones se enfocaron en alcantarillado. No se dedicó a acueductos. Tenemos infraestructura muy vieja y no hacemos nueva. Tiene que ver con inversión, pero en algunos casos se han logrado tener recursos de préstamos y cooperación y no se han implementado."
4. Ausencia de información: "Seguimos operando bajo el supuesto de que hay agua y que el agua es abundante. Pero la verdad es que no lo tenemos tan claro. Y no hay balances hídricos que nos permitan conocer con exactitud cuál es la capacidad hídrica que tiene el país, el caudal de las distintas cuencas, fuentes. Ni las condiciones en cómo se encuentra ese recurso en términos de la calidad. Eso dificulta hacer planificación, tomar decisiones, pensar cómo resolver las problemáticas. Para tomar decisiones eso es básico y no lo tenemos."

"Lamentablemente el país no cuenta con toda la información para hacer balances hídricos. (…) Hay 2 informaciones para hacer balances de agua: clima (lluvia, temperatura) y la parte hidrológica. En esta parte hidrológica es donde estamos más débiles por falta de medición. El 40% del país está descubierto y mucho pertenece al Caribe", admitió José Miguel Zeledón Calderón, de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (DA-Minae), institución rectora del recurso hídrico.

Abandono estatal y crisis por mala gestión

"Ha sido una región muy abandonada, en el olvido, pensando en casos en el Caribe de contaminación de acueductos con sentencias judiciales sin estar resueltas. La planificación y priorización de proyectos que se están desarrollando no se han tomado con base en información ni necesidades de toda la población", dijo Karen Chacón Araya, investigadora del Estado de la Nación.

Agregó que el Estado ha priorizado la Gran Área Metropolitana (GAM) donde vive el 60% de la población del país.

"En la zona rural hay más presencia de Asadas. Hay combinación de elementos que afectan la planificación. Le preguntamos al AyA por los planes de seguridad hídrica. Se supone que cada operador debe tener. No hay. Y en los que hay no conocemos avances o lo que se está haciendo. Es importante pensando en la vulnerabilidad", concluyó.

"Hay un abandono del Estado costarricense, de las instituciones, entes rectores en materia de acceso al agua potable como el AyA", dijo Heidi Mayorga Escalante, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri (ADITIBRI), el gobierno local del territorio más grande del cantón.

Aunque el AyA se negó a dar una entrevista para este especial, su mayor inversión en Talamanca fue en el 2019 ampliando el acueducto. Pero no ha contenido la brecha.

Yamileth Astorga Espeleta, profesora e investigadora de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica (UCR) y expresidenta del AyA del 2014 al 2020, destacó que el proyecto del 2019 fue exitoso en limpiar el agua de Sand Box que tiene altas concentraciones de hierro y manganeso.

Sin embargo luego el Caribe Sur comenzó a sufrir por la disminución de lluvias, y se secaron las fuentes de Cahuita que abastecían a Cocles, Manzanillo y Sixaola. Así que el agua del sistema de Hone Creek tuvo que abastecer a Cahuita y Puerto Viejo.

"La planta que tenía Puerto Viejo no funcionaba bien entonces había remanentes de hierro y manganeso. Se tuvo que suministrar a más personas con un sistema. La zona logró tener agua de mayor calidad y permanente. Sin embargo por la disminución de lluvias los pozos disminuyeron casi un 60-80% del volumen de producción que tenía. Se tuvieron que hacer nuevos pozos en el 2020. Había que agregar más agua porque las lluvias no volvieron. ¿Qué más se ha hecho en el Caribe Sur? Nada más", dijo la catedrática universitaria y exjerarca.

"En las comunidades de Bribri, Margarita, hasta Sixaola, eran comunidades que tenían agua con comités o Asadas pero con muchos problemas de calidad, porque toda esta zona tiene mucho hierro y manganeso. No daban servicio de calidad. Con este proyecto se asumieron estas Asadas y el servicio mejoró. Pero el problema es el déficit hídrico que hay", agregó.

José Miguel Zeledón, jerarca de la Dirección de Agua del Minae, afirmó que tener un plan maestro para una crisis como la de Talamanca va más allá de esta institución y del AyA. Esto porque la gobernanza y gestión de los recursos hídricos incluyen a muchas entidades debido a un marco normativo disperso y añejo. "Se está actualizando la Política (Hídrica Nacional del 2009). Sí hace falta esa política, nos pone a conversar. No es fácil ponernos de acuerdo", dijo.

"Esta crisis me preocupa, no por falta de agua, sino por la falta de inversiones y de gobernanza con decisiones. El país tiene recurso suficiente pero mal gestionado. Otros países con menos recurso mejor gestionados no tienen problemas de crisis de agua. Me cuesta hablar de crisis de agua, podría haber crisis de servicio público o de acceso al agua. (…) Lo cierto es que hay una mala gestión. Un tema de calidad, no estamos invirtiendo en saneamiento. (…) En Talamanca las fuentes son vulnerables, los pozos con una llena (inundación) se ensucian", añadió.

Yamileth Astorga señaló que la crisis se agudiza ante la demanda que aumenta, el crecimiento urbano desordenado, la deforestación, y el hecho de que el AyA y todas las instituciones que tienen funciones en la gestión del agua no desarrollan un plan maestro integral.

"El que puede conseguir agua lo hace como pueda. Si tengo la capacidad para contratar a una empresa que me haga un pozo profundo es porque puedo pagar. A quien estamos vulnerando fuertemente es aquellas comunidades y familias que no tienen la capacidad de hacer un pozo profundo. Se suma el crecimiento desordenado que se está autorizando a vista y paciencia y con el visto bueno de la Municipalidad de Talamanca dando autorizaciones a construcciones a nuevos hoteles, etc.

Se suma la deforestación que está ocurriendo en la zona y aquellas actividades productivas que requieren más agua y pueden bombear de manera ilegal las fuentes que haya. La competencia por el agua va a ser más grande. Los problemas de salud van a agudizarse por la falta de acceso al agua potable. Sí o sí el AyA debe poner atención y hacer un nuevo plan maestro para toda la zona donde no solo abarque aquella región donde abastece de forma directa sino donde está abastecida por ASADAS", detalló.

El alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, admitió la complejidad de la brecha, pero defendió que sí hay fuentes de agua, aunque no sabe dónde ni cuáles. El jerarca afirmó que están coordinando con el AyA para usar recursos del canon que la empresa APM Terminals paga a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por la explotación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en mejorar los acueductos existentes.

Según el Instituto, estos proyectos apenas se están perfilando y en análisis en el Ministerio de Planificación (Mideplan). El funcionario municipal también aceptó la necesidad de un plan para la gestión del agua, el cual dijo ha discutido con el AyA pero que debe ser liderado por el gobierno local.

En Tanagra de Celia de Sixaola un niño descalzo se aleja con una pichinga llena de agua. Volverá por más líquido para en su casa tomar, bañarse, cocinar… Mientras tanto, Talamanca sigue sin tener un plan de soluciones a la desigualdad en el acceso al agua.