¿Qué proponen los candidatos presidenciales para sacar al país del rezago de la educación?

La educación enfrenta uno de los mayores rezagos en la actualidad. La preocupación latente es que escolares no saben leer ni escribir y que adolescentes están egresando sin contar con las capacidades analíticas necesarias.

De igual forma, la desigualdad tecnológica entre las zonas urbanas y rurales en los centros educativos, así como el giro de órdenes sanitarias a aquellos con deterioros estructurales, genera un reto complejo en esta área.

Los 20 candidatos a la Presidencia expusieron en sus planes de gobierno soluciones para mejorar este aspecto.

Mientras tanto, en las presentaciones oficiales ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la temática también fue abordada en este campo.

El Observador realiza una recopilación de las prioridades en materia educativa de quienes buscan asumir las riendas del país para el período constitucional 2026-2030.

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Declaratoria de emergencia

Walter Hernández, de Justicia Social Costarricense (PJSC), considera urgente una declaratoria de emergencia para liberar recursos y atender una educación que, a su criterio, se encuentra en condiciones críticas. También propone atender a los educadores en su metodología de trabajo, reforzar los conocimientos adquiridos por los jóvenes y revisar la Ley 9999.

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), opina que es necesario reforzar la educación dual mediante la creación de una Dirección de Educación Dual en el Ministerio de Educación Pública, así como implementar cursos de nivelación para estudiantes de sétimo año y crear más colegios con perfil técnico y científico, entre otras medidas.

Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (PCD), señaló que la educación dual debe potenciarse mientras las personas estudian, además de promover el aprendizaje desde las propias instituciones del Estado.

Natalia Díaz, de Unidos Podemos, indicó que su propuesta avanza en dos líneas: un Ministerio de Educación Pública enfocado en la vida y el trabajo, mediante el fortalecimiento de habilidades blandas y del pensamiento crítico. Por otro lado, señaló que el INA requiere potenciar la educación en el corto plazo, debido a su valor para alinear las necesidades regionales con la oferta formativa de la institución.

Fernando Zamora, de Nueva Generación, considera necesario retomar un rumbo educativo centrado en valores y principios. Además, plantea una reforma al Consejo Superior de Educación (CSE), una actualización de la malla curricular y mejoras en los métodos de evaluación académica.

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Mayor presupuesto

Marco Rodríguez, del partido Esperanza y Libertad, afirmó que es necesario devolver al docente la autoridad jerárquica dentro del aula, así como cumplir con el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a educación, bajo una política pública seria. Además, planteó evaluar la infraestructura y la tecnificación de las aulas con el fin de frenar la deserción estudiantil.

David Hernández, de la agrupación Clase Trabajadora, estructuró su propuesta en dos ejes: aumentar el presupuesto educativo hasta un 10 % de la producción nacional y crear espacios donde la educación incorpore la participación directa de estudiantes y de trabajadores del Ministerio de Educación Pública.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático Social (CDS), indicó que su primer decreto estaría dirigido a declarar la educación como prioridad nacional, con el objetivo de nivelar el aprendizaje del estudiantado. También promovería el retorno del 8 % de la producción nacional para este sector, impulsaría una conectividad adecuada y eliminaría la Ley 9999 como parte de un proceso de dignificación estudiantil.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), expuso la urgencia de alcanzar un acuerdo nacional con una proyección de 15 años, orientado a cerrar brechas urbano-rurales y de género. Asimismo, propuso fortalecer la conectividad y establecer un aumento progresivo del presupuesto, enfocado en el bienestar estudiantil, como transporte y comedores escolares.

Fabricio Alvarado, del partido Nueva República (NR), destacó la necesidad de mejorar la conectividad y la infraestructura educativa, además de reforzar los contenidos bajo la metodología STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Su propuesta incluye una educación basada en valores, bilingüismo, educación vial y financiera, junto con la meta de limitar cada aula a un máximo de 25 estudiantes.

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Más propuestas

Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, consideró necesaria una reforma curricular integral en primaria, con énfasis en lectoescritura, pensamiento crítico y desarrollo de habilidades. Planteó incorporar programas STEAM en el segundo ciclo y trabajar en colegios para introducir una cultura de paz y respeto. Asimismo, señaló la importancia de fortalecer el Bachillerato orientado a la empleabilidad y de establecer alianzas público-privadas para impulsar la educación dual.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), subrayó la urgencia de una reforma curricular integral basada en cinco ejes: fortalecimiento de habilidades básicas y pensamiento crítico; énfasis en STEAM, inglés y cómputo desde primaria; formación para la empleabilidad; y preparación ciudadana ante retos globales.

Laura Fernández, de Pueblo Soberano, destacó la necesidad de impulsar la robótica, las ciencias y las tecnologías con el fin de mejorar el entorno social. Además, propuso la construcción de nuevos colegios técnicos profesionales, 10 colegios científicos y una reivindicación integral del rol docente.

José Aguilar, de Avanza, reconoció la necesidad de un acuerdo nacional para atender la emergencia educativa, apoyado en hojas de ruta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en experiencias internacionales como Estonia. También planteó proyectos de lectoescritura, fortalecimiento de la educación técnica, ampliación de la conectividad, becas de transporte estudiantil y fortalecimiento de comedores escolares.

Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, planteó trabajar en la infraestructura educativa, especialmente en centros ubicados en zonas rurales, con el propósito de atender la desigualdad. Además, destacó la atención prioritaria del proyecto vinculado al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para reducir la brecha digital.

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Bachillerato Internacional

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró necesario ofrecer el Bachillerato Internacional con una formación humanista y con garantía de acceso a empleo digno. Además, propuso promover el programa Primera Oportunidad, mediante el cual egresados de colegios técnicos y académicos se incorporen a empresas que recibirían incentivos para ofrecer condiciones laborales acordes con esa formación.

Douglas Caamaño, de Costa Rica Primero, sostuvo la necesidad de cerrar la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) y atender las problemáticas desde un enfoque regional. Asimismo, planteó un cambio profundo en el sistema educativo orientado a mejorar las condiciones de lectoescritura.

Luis Amador, de Integración Nacional (PIN), detalló la urgencia de una reforma educativa integral orientada al bilingüismo desde primer grado. También propuso el acceso universal al Bachillerato Internacional para fortalecer destrezas y habilidades vinculadas con el empleo o la educación superior. Además, planteó mejorar los controles de calidad en la formación de nuevos docentes y estudiantes, así como otorgar incentivos salariales al profesorado con base en el rendimiento académico del estudiantado.

Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), señaló la necesidad de una reforma educativa enfocada en alcanzar el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al sector. Asimismo, propuso ajustes curriculares vinculados con educación para la vida, toma de decisiones y otros elementos relevantes para el sector productivo. En relación con el rol docente, planteó el reconocimiento del tiempo destinado a evaluación y planificación, con el fin de fortalecer la labor en las aulas.

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recalcó la importancia de una reforma educativa orientada a reducir cargas administrativas para facilitar la formación continua del personal docente. Además, propuso la implementación de procesos de evaluación docente en los centros educativos, con el objetivo de elevar la calidad del sistema educativo.