70 organizaciones rechazan proyecto de reforma a la Ley de Zona Marítimo Terrestre

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), al considerar que la iniciativa representa un retroceso en la protección de las costas y en los derechos de las comunidades que habitan estos territorios.

Esta ley establece que la franja de 200 metros a lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de Costa Rica es considerada como Zona Marítimo Terrestre. De acuerdo con la normativa actual, los primeros 50 metros corresponden a la zona pública y los restantes 150 se declaran zona restringida.

La propuesta, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 22.553, fue planteada por el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca. El proyecto busca cambios en el régimen de administración de las zonas costeras, según señalan los opositores a la reforma.

“Esta reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre nos genera preocupación porque contiene una serie de regresiones ambientales y disposiciones que van en contra del interés público”, declaró Sofía Barquero, abogada ambiental y vocera de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecon).

Según el pronunciamiento divulgado por las organizaciones, el proyecto podría abrir la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y debilitar los controles públicos sobre este bien.

“Es urgente asegurar playas para todas y todos, así como la protección de la naturaleza y un desarrollo costero justo y sostenible”, indica el documento, que advierte que el país podría repetir modelos históricos de explotación territorial vinculados al turismo y la inversión extranjera.

Las agrupaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, organizaciones sociales y sectores académicos, sostienen que, aunque la iniciativa plantea ordenar el uso de la ZMT, en la práctica favorecería principalmente el desarrollo turístico e inmobiliario.

Riesgos ambientales y comunitarios

El pronunciamiento sostiene que la reforma permitiría flexibilizar los requisitos para otorgar concesiones en la ZMT e incluso autorizar usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura destinada a actividades comerciales.

Las organizaciones recordaron que los manglares cumplen funciones clave para la protección de las costas frente a la erosión y el aumento del nivel del mar, y que diversos estudios han documentado una pérdida significativa de estos ecosistemas en las últimas décadas.

Según Barquero, el proyecto omite regulaciones relacionadas con los manglares. De acuerdo con sus declaraciones, mientras la legislación vigente establece normas específicas para su protección e incluso sanciona usos que puedan afectar estos ecosistemas, la nueva propuesta solo los menciona de forma puntual en relación con el puerto de Caldera.

A su criterio, esta omisión podría debilitar las restricciones que actualmente han limitado o detenido proyectos turísticos en zonas donde existen esteros y manglares.

“Esto expone a Costa Rica a nivel internacional, ya que los humedales están protegidos por la Convención Ramsar. Medidas que reduzcan el nivel de protección que ya tenían estos ecosistemas podrían poner al país en una situación delicada frente a sus compromisos internacionales”, aseguró la vocera de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza .

Controles legislativos para las concesiones

Las organizaciones también cuestionaron que el proyecto pueda reducir los controles legislativos sobre el patrimonio costero. Según indicaron, la reforma eliminaría la competencia de la Asamblea Legislativa sobre zonas cubiertas permanentemente por el mar, como islas e islotes.

Barquero también planteó preocupaciones sobre el manejo de las islas dentro de la zona marítimo terrestre. De acuerdo con la abogada, la legislación vigente impide otorgar concesiones en islas, salvo mediante una ley específica aprobada por la Asamblea Legislativa, debido a la relevancia ambiental y patrimonial de estos territorios.

Sin embargo, advirtió que la propuesta permitiría a las municipalidades otorgar concesiones en islas que se encuentren dentro de la zona marítimo terrestre de su jurisdicción. A criterio de los críticos, esto podría abrir la puerta a desarrollos en lugares como Isla San Lucas o Isla Tortuga y representaría una regresión en materia de protección ambiental.

“Creemos que esto representa una legalización de las invasiones que se han permitido en la zona marítimo terrestre. El Estado debería hacerse responsable de estas situaciones y buscar soluciones que también impliquen responsabilidades para las instituciones y las personas que han permitido estos hechos, y no trasladar el costo a los bienes públicos”, comentó Barquero.

Ante este panorama, los grupos firmantes solicitaron el archivo del expediente 22.553 y la apertura de un proceso amplio y participativo para discutir una eventual reforma al régimen de la ZMT.

Alertan sobre privatización y presión turística

Las organizaciones también advirtieron que la reforma abriría la puerta a una privatización progresiva del uso de la zona pública del litoral.

De acuerdo con el pronunciamiento, el proyecto permitiría concesiones comerciales en espacios que actualmente deben mantenerse de acceso público e incluso eliminaría la prohibición para que empresas de capital extranjero obtengan concesiones en estas áreas.

Uno de los cuestionamientos planteados por Barquero se relaciona con el artículo 59 de la propuesta, que permitiría a personas costarricenses por nacimiento que hayan residido durante más de diez años en la zona marítimo terrestre mantenerse en esos territorios.

Según señaló, la disposición plantea una autorización general que podría generar problemas en la gestión y regulación de estos espacios. A criterio de los críticos, esta medida debería evaluarse caso por caso, considerando las características de cada zona.

Además, en el comunicado de prensa, las organizaciones señalaron que la iniciativa facilitaría el desarrollo de proyectos turísticos e infraestructura con fines lucrativos sin establecer controles ambientales claros. A su criterio, la propuesta ignora la fragilidad de los ecosistemas costeros y podría favorecer un modelo de explotación intensiva del litoral.

“La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el comunicado.