Popular, acusado y en campaña: la cara oculta de la continuidad chavista

En política cuesta más desmontar un relato que construirlo. El gobierno de Rodrigo Chaves ha sido eficaz en instalar el suyo: “presidente popular”, “antisistema”, “duro con el crimen y con las élites”, que ahora busca continuidad a través de la candidatura de Laura Fernández, pero debajo de esa narrativa hay hechos jurídicos e institucionales que vuelven legítima la pregunta central de estas elecciones: ¿qué tipo de continuidad se estaría premiando?

Cuatro años después de la elección que lo llevó a Casa Presidencial, Chaves no es solo un presidente saliente: es, al mismo tiempo, un presidente acusado penalmente y objeto de intentos de desafuero.

La Fiscalía General lo acusó por presunto financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2022, señalando estructuras paralelas que movieron alrededor de 500.000 dólares fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones. La Corte Suprema solicitó a la Asamblea levantar su inmunidad por un caso de concusión ligado a recursos del BCIE, descrito como inédito en la historia democrática reciente. Y el TSE pidió también el levantamiento del fuero para juzgarlo por beligerancia política, tras denuncias de intervención indebida en la campaña.

Es decir: el gobierno que pide continuidad no sale “limpio”, sino atravesado por procesos penales y conflictos con los órganos de control. La cuestión es si extender ese ciclo cuatro años más reduce o profundiza la tensión entre Ejecutivo y Estado de Derecho.

Otro eje es la relación con la prensa. La Sala Constitucional condenó al Estado por violar la libertad de prensa de periodistas en conferencias de Casa Presidencial. Organizaciones como la SIP y RSF han descrito un deterioro acelerado del entorno para el ejercicio periodístico desde 2022, con el Ejecutivo como principal foco de presión.

La mezcla es delicada: un presidente “popular”, un discurso plebiscitario contra “los enemigos” y una erosión de los límites informales al poder. No convierte automáticamente al país en una democracia autoritaria, pero sí desplaza el punto de equilibrio del sistema. La continuidad que se discute en 2026 es, en buena medida, la continuidad de ese desplazamiento.

El otro gran pilar del relato oficial es la seguridad. Costa Rica enfrenta cifras récord de homicidios, y Chaves ha respondido con la promesa de una megacárcel CACCO inspirada en el modelo salvadoreño, al punto de invitar a Nayib Bukele a la colocación simbólica de la primera piedra a pocas semanas de la elección. Es comprensible que parte del electorado lo lea como “acción” ante un problema urgente, pero también indica que el proyecto que hoy pide continuidad mira hacia modelos de seguridad asociados en otros países con recortes fuertes a derechos y concentración de poder.

En este contexto aparece Laura Fernández como candidata oficialista. Encuestas recientes la sitúan en primer lugar, con alrededor de un 30–40 % de apoyo entre decididos, pero con cerca de un 45 % de personas indecisas. La ventaja es real, pero está montada sobre un electorado volátil, como ya se vio en 2022, cuando el propio Chaves llegó a la Presidencia tras un ascenso tardío y sorpresivo en segunda ronda.

Esa combinación de favoritismo momentáneo y alta indecisión deja abierta la posibilidad de que el electorado corrija el rumbo sin conceder la continuidad plena que el presidente reclama a través de su candidata.

Desde el análisis de datos, el cuadro es claro: con una intención de voto que no llega a la mayoría necesaria y un “partido de los indecisos” que es, en sí mismo, más grande que cualquier otra fuerza, la probabilidad de que la candidatura oficialista no gane —y deba ir a una segunda ronda complicada, o incluso pierda frente a una coalición de voto anti-continuidad— no es un escenario remoto, sino estadísticamente plausible. No hay nada en los números que convierta la victoria de Fernández en destino; es, por ahora, solo la hipótesis dominante.

Aquí aparece un elemento adicional, menos visible pero relevante: en estos años se ha ido sembrando, desde el propio oficialismo, un clima de desacreditación preventiva hacia el TSE y, en general, hacia las instituciones electorales. Cada cuestionamiento, cada insinuación de sesgo o complicidad del Tribunal, construye una narrativa de fondo: si la continuidad no se materializa en las urnas, siempre quedará la coartada de que “nos la robaron”.  Una pérdida perfectamente explicable por encuestas, márgenes de error y volatilidad podría presentarse ante la base oficialista como fraude o traición del sistema.

Desde la ciencia política, ese es uno de los rasgos típicos de los liderazgos que se mueven en la frontera entre la democracia competitiva y el populismo plebiscitario: la imposibilidad de reconocer la derrota como parte normal del juego. Laura Fernández se ofrece como continuidad: mano dura en seguridad, confrontación con “los mismos de siempre”, liderazgo fuerte del Ejecutivo. Pero la continuidad no es selectiva: junto con las banderas que entusiasman a sus simpatizantes, se heredan también las causas abiertas por financiamiento, los roces con la libertad de prensa, el desgaste en los indicadores de calidad democrática y una narrativa que deja preparado el terreno para dudar del árbitro si el marcador no acompaña.

El continuismo llega como paquete completo. Costa Rica enfrenta una crisis de seguridad real, una ciudadanía cansada y una oposición fragmentada. Precisamente por eso, el debate sobre la continuidad del proyecto chavista –ahora en manos de Fernández– no debería quedarse en el reflejo emocional de “que siga lo que superficialmente parece funcionar”, ni en la ilusión de que todo cambie de golpe, sino en dos preguntas más incómodas: ¿Es sano blindar durante cuatro años más un proyecto de poder cuyo titular y “líder supremo” acumula acusaciones penales, solicitudes de desafuero y sentencias por violar la libertad de prensa? ¿Estamos validando un estilo de relación con los controles, la crítica y el propio árbitro electoral que corre la cerca de la institucionalidad costarricense y deja abierta la puerta para que una derrota legítima sea presentada como fraude?

Las urnas no solo eligen personas; también corrigen rumbos y marcan límites. Las encuestas, leídas con calma, muestran que el espacio para esa corrección sigue estadísticamente abierto. Lo que está en juego no es solo si sigue o no un gobierno, sino qué tipo de Estado queremos que salga del otro lado de esta elección, cuando pase la ola de la coyuntura y vuelva a importar, otra vez, el peso de las reglas del juego.