EDITORIAL| La independencia y solidez del Poder Judicial como pilar fundamental de la democracia

Si Costa Rica pretende ser una democracia funcional debe garantizar la independencia de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).  No obstante, la del poder judicial es posiblemente la más relevante, pues una de sus funciones primordiales debe ser el control de legalidad y de constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes.

El poder confiar en los tribunales de justicia y sus decisiones, aún y cuando no le favorezcan a alguien en determinado momento, es una característica indispensable de toda democracia madura.

Lamentablemente son muchos los casos de países en los que vemos que, a partir de que el Poder Judicial cae bajo el control de alguna fuerza política en particular, toda la institucionalidad de ese país se debilita.

Nuestro Poder Judicial es, desde hace muchos años garantía de independencia, imparcialidad y, hasta cierto punto, eficiencia.  Sin embargo, llevamos décadas en las que los desafíos son cada vez más evidentes. La credibilidad del Poder Judicial ante la opinión pública se ha visto afectada y, aunque en algunas ocasiones pueda serlo sin fundamento, causa un perjuicio muy importante a la institucionalidad del país.

La independencia del poder político en las altas esferas del Poder Judicial es algunas veces cuestionada, en parte como consecuencia de la forma en que son electos los magistrados que son la cúpula de dicha institución.   Ciertamente es un proceso a revisar, aunque debemos reconocer que el requerir treinta y ocho votos para la elección junto con la obligatoriedad del voto público por parte de los diputados al elegir o reelegir un magistrado, han sido hitos importantes para mejorar y transparentar el proceso. No obstante, aún somos testigos silenciosos de procedimientos que tienen grandes oportunidades de mejora.

La mora judicial, es decir, el atraso en obtener una decisión definitiva, se ha constituido en un detractor del propio Poder Judicial.  Los ciudadanos ya no quieren resolver sus disputas por esta vía pues aún en procesos de poca complejidad el tiempo que toma emitir una decisión definitiva puede ser de muchos años.  La obligación que la propia Constitución Política establece de obtener una justicia “pronta” es hoy solo un recuerdo lejano que data ya de muchas décadas.

Si a esto le sumamos la pérdida de calidad en la preparación académica de algunos jueces que necesariamente se evidencian en las resoluciones que se emiten, la citada renuencia a acudir al poder judicial como medio natural para resolver disputas, se acrecienta.  Ciertamente hay muchos jueces con una sólida formación pero la proliferación en las universidades que imparten la carrera de derecho ha provocado que algunos de los profesionales, incluyendo jueces, evidencien falencias en su formación que se muestran al momento de impartir justicia.

No podemos negar, a su vez, algunos casos de corrupción que han sido públicos.  Si bien son los menos y deseamos esto no llegue a proliferar, la realidad es que han sucedido y con eso se ha minado severamente la credibilidad de del poder judicial.   Por menor que sea el caso, el daño siempre es de gran magnitud, máxime cuando algunas personas toman ese insumo para crear un manto de descrédito para toda la institución.

También debemos agregar la completa e ineficaz estructura interna del Poder Judicial, donde los magistrados terminan dedicando mucho de su tiempo laboral a funciones administrativas que nada tienen que ver con impartir justicia.  La ironía es que se eligen considerando y analizando a profundidad su preparación para ser jueces pero al final terminan en muchas oportunidades delegando esa función en otros funcionarios al tener que dedicar mucho tiempo a menesteres administrativos.

El Poder Judicial ha sido por años pilar de nuestra democracia.  Aún mantiene grandes virtudes pero su deterioro es cada vez más evidente.  No creemos que sea un tema de presupuesto.  Es un tema mucho más complejo que va desde la formación académica de los jueces, la ética que se les inculca, la vocación de servicio que los debe caracterizar, la eficiencia en la administración de justicia y, sobre todo, la necesidad de que estén consientes todos los que imparten justicia de su papel fundamental en la conservación de la democracia.

Tener un Poder Judicial fuerte, independiente y eficiencia es vital para mantener un sistema democrático.  Debemos avocarnos a solucionar los problemas que viene afrontando dicho poder antes de que sean muy difíciles de resolver.