Expresidentes de Costa Rica piden prudencia a la comunidad internacional y advierten de intenciones de desprestigiar proceso electoral 2026
Emiten comunicado tras comentarios de un congresista de EE.UU. sobre el proceso de inmunidad de Rodrigo Chaves
Allan Arroyo
allan.arroyo@observador.cr
Ocho expresidentes de la República de Costa Rica llaman “a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales”.
Los firmantes del pronunciamiento son: Oscar Arias Sánchez, Abel Pacheco de la Espriella, Rafael Ángel Calderón Fournier y Laura Chinchilla Miranda. Además, José María Figueres Olsen, Luis Guillermo Solís Rivera, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Carlos Alvarado Quesada.
Todos ellos llegaron a la Presidencia de la República bajo tres banderas distintas en diferentes procesos.
El mensaje llega un día después de que un congresista republicano de ese país llamara a una cita a la embajadora costarricense en Washington, Catalina Crespo. Mario Díaz Balart es miembro de la Cámara de Representantes estadounidense y emitió dudas sobre el proceso de levantamiento de la inmunidad que se sigue contra el presidente, Rodrigo Chaves.
El norteamericano compartió argumentos similares al oficialismo contra el Tribunal Supremo de Elecciones y la solicitud que tramitan los diputados.
En el comunicado conjunto, los exmandatarios no mencionan directamente a Estados Unidos.
En defensa del TSE y la democracia
Ante ello, los expresidentes llaman a la prudencia. “Vivimos momentos en que las tensiones políticas por un proceso electoral que se avecina, se prestan para que algunos actores políticos locales que participan en la contienda, busquen provocar el desprestigio y desacreditación del proceso electoral”, dice el mensaje.
Los exmandatarios reconocen que la democracia costarricense tiene retos, pero descalifican las preocupaciones que puedan surgir en el extranjero por el proceso al que está sometido el mandatario Chaves.
“Si bien nosotros mismos hemos expresado preocupación por nuestra democracia ante los ataques sin precedentes contras las instituciones republicanas por parte de las autoridades del actual gobierno, las razones que preocupan a quienes se han manifestado desde el exterior, no son las correctas”, enfatizan.
En el mensaje, quienes dirigieron el país entre 1986 y 2022 defienden la independencia y solidez del Tribunal Supremo de Elecciones y la democracia costarricense.
“Costa Rica es la más antigua democracia ininterrumpida de América Latina y una de las pocas democracia plenas del mundo. La solidez, independencia y profesionalismo de sus instituciones electorales han sido reconocidas a nivel internacional”, subrayan.
Además, explican el deber de imparcialidad política que rige en la Constitución para altos jerarcas del Poder Ejecutivo.
En el mensaje, también defienden las garantías en el proceso para levantar o no la inmunidad de Chaves por la denuncias de presunta beligerancia. Esa decisión recae en la Asamblea Legislativa.
“Este procedimiento contempla garantías rigurosas que incluyen la posibilidad de descargo por parte del Sr. Presidente Chaves, y una votación calificada, evitando así su politización”, puntualiza el pronunciamiento.
Dos de los expresidentes firmantes-Laura Chunchilla y Óscar Arias-han mantenido diferencias públicas con Rodrigo Chaves. En el caso de Figueres, fue rival del ahora mandatario en las pasadas elecciones del 2022.
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TSE defiende autonomía
Ante la convocatoria del senador de origen cubano, Díaz Balart, a la embajadora Crespo, el TSE se pronunció a través de un comunicado de prensa.
El ente recordó la autonomía que tiene la institución en los procesos electorales y en la protección de los derechos políticos de los costarricenses.
“La base de la estabilidad política de Costa Rica, gracias a la cual el país ocupa el lugar 18 entre las democracias plenas del mundo (solo por debajo en el continente americano de Canadá y Uruguay), descansa en la autonomía del TSE en la conducción de los procesos electorales del país y en la protección de los derechos políticos de los costarricenses (Democracy Index de The Economist, 2025)”, señaló.
Además, aseguró que esa reunión del congresista con Crespo “es un acto político de representantes políticos extranjeros sin ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República”.
Desde que se dio la solicitud a la Asamblea sobre quitarle el fuero al mandatario para investigar 15 denuncias de beligerancia política, el Gobierno y el oficialismo en el Congreso han señalado que es inconstitucional.
