El día después del triunfo: cuando el remedio puede ser peor que la enfermedad

Costa Rica ya decidió. Laura Fernández ganó las elecciones y con ello una mayoría —cansada, impaciente y harta— optó por un discurso de orden, mano firme y reforma profunda del Estado que ofreció como continuidad del cambio de Rodrigo Chaves.

El veredicto de las urnas se respeta. Punto. Pero respetar el resultado no obliga a suspender el juicio crítico; lo vuelve imprescindible. Porque el verdadero riesgo para una democracia no aparece antes del triunfo, sino después, cuando las promesas empiezan a chocar con la realidad institucional.

El plan de gobierno que llevó a Fernández a la Presidencia se apoya en una idea central: el país está “averiado” y requiere una cirugía mayor, especialmente en seguridad y justicia. El diagnóstico conecta con una sensación real: criminalidad, lentitud judicial, frustración ciudadana. Hasta ahí, nada controversial. El problema no es identificar las grietas; el problema es confundir grietas con ruinas.  El documento insiste en “ordenar” el Poder Judicial: rendición de cuentas reforzada, sanciones, cambios en la forma de elección y permanencia de magistrados, y la promesa de un “nuevo Poder Judicial”.

El lenguaje es potente, electoralmente eficaz y emocionalmente comprensible. Pero, aquí conviene bajar la voz épica y subir la pregunta incómoda: ¿nuevo para quién y bajo qué controles? En democracias constitucionales, la justicia no existe para agradar al Ejecutivo ni para responder al humor del momento. Existe, precisamente, para poner límites.

Cuando un plan promete disciplinar jueces y fiscales sin detallar con precisión quirúrgica las salvaguardas institucionales, el riesgo no es teórico: es estructural. La línea entre rendición de cuentas y subordinación política es delgada, y cuando se cruza, no hay vuelta atrás sencilla. Costa Rica tiene un sistema imperfecto, lento, frustrante y, sí, muchas veces ineficiente. Pero también tiene algo que muchos países de la región perdieron hace décadas: reglas que todavía funcionan, tribunales que todavía incomodan al poder y elecciones que todavía significan algo. Tratar ese sistema como si fuera chatarra institucional lista para el desguace es una apuesta peligrosa.

El plan también abunda en soluciones de manual moderno: fondos multisectoriales, unidades de coordinación, nuevas estructuras de gestión. Todo suena bien en papel. El problema es que el documento evita sistemáticamente el punto donde los planes suelen morir: la política real. Aquí conviene reconocer un hecho nuevo: el oficialismo contará con 30 diputados, una bancada fuerte, inédita para muchos gobiernos recientes. Eso facilita la aprobación de leyes ordinarias y le da al Ejecutivo margen de maniobra real. Pero no elimina los límites duros del sistema.

Las reformas profundas al diseño institucional —y con mayor razón las constitucionales— siguen requiriendo mayorías calificadas, negociación sostenida y algo que no se decreta: legitimidad transversal. Tener 30 votos no convierte automáticamente cualquier idea en prudente ni cualquier reforma en viable. Fuera del texto, pero dentro del discurso político, ha flotado la idea de una “Tercera República”. Como concepto, es seductora. Como proyecto, es inquietantemente vaga. No hay hoja de ruta clara, no hay listado de reformas constitucionales concretas, no hay secuencia ni mecanismos de consenso. Más que un plan, parece una consigna. Y las consignas, cuando se llevan al terreno constitucional, suelen dejar cicatrices. Comparar este plan con los de sus rivales ayuda a poner las cosas en perspectiva.

El PLN apostó por reformas más graduales, menos heroicas y más ejecutables dentro de un sistema trabado. El PUSC, con todos los reparos que se le puedan hacer, al menos explicitó mecanismos financieros discutibles pero claros. El plan de Fernández fue el más audaz en narrativa y el más agresivo en promesas de orden. Y eso explica su victoria. Pero también explica su mayor riesgo: prometer más de lo que el sistema puede absorber sin romperse. Aquí está el punto central, y conviene decirlo sin rodeos: no todo lo que estorba es disfuncional, y no todo lo que molesta debe eliminarse. Los contrapesos son incómodos por diseño.

La lentitud institucional, muchas veces, es el precio de no caer en el atajo autoritario. Confundir eficiencia con concentración de poder ha sido el error clásico de gobiernos bien intencionados… y de otros no tanto. El pueblo decidió, y esa decisión merece respeto. Pero el mandato popular no convierte cualquier reforma en sabia ni cualquier ruptura en necesaria.

Gobernar Costa Rica no es demoler para empezar de cero; es intervenir con bisturí, no con mazo. Porque es mucho más fácil destruir un sistema que, aun averiado, funciona en derecho y democracia, que construir uno nuevo que garantice lo mismo. Y el remate incómodo es este: si en nombre del orden se debilitan los contrapesos, si en nombre de la eficiencia se normaliza la presión sobre jueces, o si en nombre del cambio se trivializa la Constitución, el problema ya no será el crimen ni la lentitud del Estado, sino el poder sin freno.

La historia latinoamericana está llena de gobiernos que prometieron arreglar lo que “no servía”… y terminaron llevándose por delante lo poco que sí funcionaba. Ahora empieza la parte difícil. Ya no hay tarima ni campaña. Hay Estado, límites y reglas. Si el nuevo gobierno cruza ciertas líneas, no será porque “no lo dejaron gobernar”, sino porque eligió el camino corto. Y en democracia, el camino corto casi siempre termina siendo el más caro.