Editorial | El riesgo de judicializar la política

La democracia se sostiene en un delicado equilibrio: los tribunales administran justicia, los parlamentos legislan y los gobiernos ejecutan. Cuando ese balance se rompe y los tribunales empiezan a convertirse en escenarios de la lucha política, lo que se pone en juego no es solo la reputación de los actores involucrados, sino la salud misma de la democracia.

En los últimos años, distintas latitudes han visto cómo la política se traslada a los estrados judiciales. América Latina ofrece un muestrario: en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo encarcelado en un proceso que años después fue anulado por fallos de la Corte Suprema, en un episodio que dividió al país y debilitó la confianza ciudadana en las instituciones. En Perú, la lista de expresidentes procesados —Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y ahora Pedro Castillo— refleja hasta qué punto la confrontación política se ha transformado en una cadena de acusaciones penales que no siempre llegan a condena firme, pero que sí erosionan la estabilidad.

El problema no se limita a la región. En Estados Unidos, el caso de Donald Trump y sus múltiples procesos judiciales evidencian la delgada línea entre la rendición de cuentas y la instrumentalización política de la justicia. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta cargos de corrupción mientras permanece en funciones, lo que ha profundizado la polarización social.

En todos estos escenarios surge la misma pregunta: ¿es la justicia la herramienta adecuada para dirimir las disputas políticas? Hannah Arendt advirtió que “la política trata de la vida en común y no de la verdad absoluta”, sugiriendo que trasladar los conflictos al terreno judicial puede desnaturalizar la esencia misma de lo político. La justicia debe ser imparcial, mientras que la política es el espacio natural del disenso y el debate.

La judicialización de la política acarrea tres riesgos principales. Primero, debilita la legitimidad democrática: los ciudadanos terminan viendo más en los jueces que en las urnas el árbitro último de las disputas nacionales. Segundo, erosiona la confianza en las instituciones judiciales, pues cada fallo se interpreta como victoria o derrota de una facción, y no como la aplicación imparcial de la ley. Tercero, fomenta la parálisis gubernamental: líderes y partidos dedican más tiempo a defenderse en tribunales que a gobernar o legislar.

Costa Rica no está exenta de estas tensiones. Aunque nuestro país se distingue por la solidez institucional, las presiones para llevar cada debate político al terreno judicial se han multiplicado. La tentación de sustituir el debate público y legislativo por denuncias penales es comprensible en un clima de desconfianza ciudadana, pero resulta peligroso. Una democracia madura debería aspirar a que los desacuerdos se resuelvan en la plaza pública, el parlamento o las urnas, y no únicamente en los despachos judiciales.

La lección de otras naciones es clara: no se trata de blindar a los políticos frente a la justicia, pues la impunidad es igualmente nociva, sino de preservar los límites. Cuando un gobernante comete delitos, debe responder ante los tribunales. Pero cuando los tribunales se convierten en la arena principal de la política, lo que se sacrifica es la legitimidad del propio sistema democrático.

Alexis de Tocqueville, al analizar la democracia en América, señaló que “no hay país donde los jueces tengan tanto poder como en Estados Unidos, porque son los árbitros de la política”. Su observación, hecha en el siglo XIX, sigue vigente y sirve de advertencia: cuando la política se judicializa, los jueces dejan de ser guardianes de la Constitución para transformarse en protagonistas de la contienda. Ese no es el lugar natural de la justicia, ni es sostenible para la democracia.

Las experiencias recientes nos dejan un recordatorio: la fortaleza institucional depende de que cada poder se mantenga en su esfera. Si los tribunales son usados como armas políticas, se degrada la justicia y se empobrece la política. Una democracia saludable necesita jueces firmes y políticos responsables. Confundir sus papeles es apostar por la inestabilidad.