El asesinato de un alto funcionario del OIJ: Un parteaguas

Costa Rica ha venido experimentando un preocupante crecimiento en la delincuencia, específicamente en lo que se refiere a homicidios. Las cifras han aumentado durante muchos años. Si bien el año 2024 cerró con una cifra de 880 homicidios, evidenciando una leve mejora frente a los 905 registrados en 2023, no debemos considerar que el problema está en camino de solución, pues 2024 fue el segundo año más violento en la historia de Costa Rica.

El problema, por ende, no es nuevo. Sin embargo, el asesinato de Geiner Zamora, un alto funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debe ser un parteaguas que obligue a todas las instituciones relacionadas con la delincuencia a tomar medidas extremas.

Aún hay quienes afirman que los asesinatos son producto de ajustes de cuentas entre bandas criminales, principalmente dedicadas al tráfico de drogas. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo para que esos enfrentamientos comenzaran a generar víctimas inocentes no relacionadas con dicha actividad.

Ya son varios los casos reportados por los medios. No obstante, como era previsible si se observa la historia de otros países, el tema ha seguido escalando. El nivel de irrespeto a la autoridad y al sistema ha llegado al grado de que uno de estos grupos criminales acabó con la vida de un alto funcionario del OIJ. A partir de ese momento, pareciera que ya no existen límites para estas organizaciones, que han desafiado la institucionalidad misma del organismo que las combate y, en general, del sistema costarricense.

El problema es que la solución no es sencilla. Si bien existe una falta de recursos económicos que permita a las entidades encargadas de combatir la delincuencia contar con herramientas adecuadas para realizar su labor, lo cierto es que el dinero, aunque muy necesario, no es la solución definitiva al problema. Hay otros temas de suma importancia.

En el caso del Organismo de Investigación Judicial, se reconoce que tiene oportunidades de mejora; no obstante, su labor es destacable. Las investigaciones regularmente resultan en la detención de supuestos responsables que son entregados al Ministerio Público para su procesamiento. Ahí es donde el proceso enfrenta mayores dificultades. En algunos casos, las piezas acusatorias no presentan la robustez necesaria para lograr medidas cautelares y mucho menos condenatorias. Esto produce la liberación de los acusados y genera una sensación de impunidad en aquellos culpables que logran su libertad. Además, provoca frustración en la ciudadanía al observar cómo personas reiteradamente presentadas ante la justicia no terminan siendo condenadas.

Por su parte, la labor de los jueces no es sencilla. Y aunque jamás abogaríamos por una justicia que no se base en pruebas inequívocas de culpabilidad, lo cierto es que el proceso está lleno de etapas garantistas que lo dificultan y prolongan. La incomprensión ciudadana ante la aparente impunidad evidenciada por estos procesos —que pueden extenderse por años— solo incrementa la desilusión frente a un sistema percibido como ineficaz.

De situaciones como estas surgen alegatos sobre incapacidad e incluso corrupción que, aunque consideramos infundados en su mayoría, podemos comprender. Si bien la Corte Plena acordó solicitar a la Sala de Casación Penal acelerar el proceso para proponer cambios normativos que agilicen los procesos penales, habrá que esperar para determinar si esto produce resultados concretos.

Si a esto le sumamos que estas entidades también dependen del marco legal definido por el Poder Legislativo —y observamos las dificultades frecuentes en el proceso de aprobación de leyes necesarias para mejorar su eficiencia— resulta aún más comprensible la desesperación ciudadana.

No pretendemos señalar qué institución cumple mejor o peor su labor; solo reiteramos (como ya se ha dicho muchas veces) que el problema de seguridad debe ser una prioridad absoluta para todas las autoridades relacionadas con este tema. Estas autoridades y sus líderes deben priorizar soluciones efectivas por encima de intereses particulares o rivalidades personales. Aunque se ha informado sobre recientes esfuerzos conjuntos entre los tres poderes de la República para abordar integralmente este flagelo y sobre una próxima reunión con ese fin, lo cierto es que hasta ahora no se ha avanzado lo suficiente y el problema se agrava. Algunos gobiernos y medios extranjeros ya alertan sobre el deterioro en la seguridad costarricense; esto debe ser otra señal clara sobre la urgencia de actuar con absoluta prioridad.

Esperamos que el trágico asesinato del alto funcionario del OIJ no pase desapercibido. Sin desmeritar la importancia de cualquier otro homicidio previo, este caso evidencia cómo las bandas criminales han perdido todo respeto hacia las autoridades encargadas de combatirlas. Hacemos un llamado vehemente a los tres poderes de la República para consensuar reformas estructurales a todo nivel que permitan combatir este problema integralmente y con mayor eficacia. En particular, instamos al Poder Judicial a tomar medidas internas urgentes para garantizar mayor celeridad y eficacia en los procesos judiciales.