Dos de tres diputados recomiendan levantar la inmunidad al presidente Chaves por el supuesto delito de concusión
Órgano legislativo no votó los informes, pero ya los legisladores dieron sus conclusiones
Hermes Solano
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Las diputadas Andrea Álvarez del PLN, y Rocío Alfaro del Frente Amplio anunciaron este viernes que están a favor de levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que enfrente en los tribunales la denuncia por el presunto delito de concusión.
En contra de quitar el fuero al mandatario se pronunció el oficialista, Daniel Vargas.
La diputada Andrea Álvarez Marín, presidenta de la Comisión Especial n.° 25.105, concluyó que sí existen elementos suficientes para justificar el levantamiento del fuero al presidente Rodrigo Chaves Robles, en el marco del expediente judicial que investiga el supuesto delito de concusión. Según la legisladora, tras un análisis riguroso de las pruebas aportadas y con base en la sentencia n.° 2014004182 de la Sala Constitucional, se configura la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) que justifica la formación de causa penal.
“Mi conclusión es que existe base para tener por demostrado que hay elementos de prueba suficientes para justificar el levantamiento del fuero al señor presidente Rodrigo Chaves. Existe mérito suficiente para que continúe el caso en sede judicial”, dijo la diputada.
Álvarez explicó que su recomendación no parte de una evaluación sobre la culpabilidad del mandatario, sino de la existencia de pruebas serias que deben ser conocidas y valoradas por los tribunales.
“La búsqueda de la verdad real y la determinación de culpabilidad o inocencia trasciende el trabajo de la Comisión”, dijo, subrayando que la decisión de levantar el fuero “no implica una declaración de culpabilidad del Presidente”.
Entre los elementos más contundentes que motivaron su posición, la diputada destacó la declaración del empresario Christian Bulgarelli Rojas, incorporada al expediente a solicitud suya. En dicha declaración, Bulgarelli afirmó de forma categórica:
“El presidente me dijo que tenía que darle a Federico dinero de lo que había recibido del contrato con el BCIE… específicamente fue beneficiado por un monto de 32 mil dólares”, mencionó.
Sesión de la comisión de este viernes. (Asamblea Legislativa)
OBSERVE MÁS: Asamblea Legislativa discutirá el 22 de setiembre si le levanta la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves
Más argumentos
Por su parte, Alfaro hizo varios señalamientos, sobre todo, de los argumentos que dio la defensa de Rodrigo Chaves, que consideró no aplican al estudio del expediente que realizó desde su despacho.
“Estamos ante una acusación con sustento, con pruebas, que deberá resolverse en otro poder de la República, no nos corresponde a nosotros definir si la prueba es falsa”, dijo la frenteamplista, respondiendo a la posición del abogado José Miguel Villalobos.
La frenteamplista afirmó que hubiera sido un buen momento para que el presidente renunciara a su inmunidad. Aseguró también que el mandatario tuvo la posibilidad de plantear que sí había persecución política, pero no aportaron ningún elemento para ello.
Finalmente, en su tercer uso de la palabra, Alfaro dejó en clara su posición.
“De mi parte, la conclusión evidente es que el expediente tiene los elementos de seriedad y consistencia que ameritan que se pueda formar una causa, que no se ha demostrado, y no hay duda que haya persecución política como motivación de este expediente y voy a recomendar al Plenario que apruebe el levantamiento de la inmunidad”, dijo.
Vargas, entre tanto, señaló que en el proceso se han dado muchos errores y reiteró durante sus conclusiones los argumentos de la defensa de Chaves, por parte del abogado José Miguel Villalobos.
Para el oficialista, lo que se da con este caso, conocido como BCIE-cariñitos, es una clara persecución política en contra del mandatario y por eso, no puede recomendar levantar la inmunidad.
“No tengo duda que la solicitud del levantamiento de inmunidad constituye un instrumento de persecución política en contra de Rodrigo Chaves y la Asamblea Legislativa no debería levantar el fuero”, dijo el legislador.
“No puedo recomendar el levantamiento del fuero al señor presidente”, añadió.
Por primera vez desde 1949, un presidente en ejercicio de Costa Rica enfrenta un proceso formal de antejuicio para definir si se le levanta su inmunidad y puede ser juzgado penalmente. La decisión final recaerá en el Plenario Legislativo el próximo 22 de setiembre.
El caso involucra al Mandatario y está relacionado con supuestos hechos de concusión —delito que consiste en obligar o inducir a alguien a dar dinero usando el cargo público— en torno a contrataciones vinculadas al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Federico Cruz (derecha) al comparecer ante la comisión legislativa que investigó contrataciones de publicidad del Gobierno. (Foto Archivo/El Observador)
Denuncias por contratos públicos y comisiones irregulares
El expediente judicial se abrió tras dos denuncias formales presentadas por los diputados Jonathan Acuña y Ariel Robles del Frente Amplio , así como una denuncia anónima de un ciudadano.
Todas se basaban en los hallazgos de la Comisión Especial Investigadora n.° 23.933, que examinó contrataciones entre instituciones del Estado y Sinart.
Entre las acusaciones destaca el supuesto pago irregular de $32.000 al publicista Federico “Choreco” Cruz Saravanja por parte del empresario Christian Bulgarelli Rojas, quien obtuvo un contrato de $405.000 con fondos del BCIE. Según el testimonio de Bulgarelli, el propio presidente Chaves le habría exigido el pago como condición para concretar el contrato.
“El presidente me dijo que tenía que darle a Federico dinero de lo que había recibido del contrato… específicamente fue beneficiado por un monto de 32 mil dólares”, declaró Bulgarelli ante la Fiscalía.
Fiscal general Carlo Díaz fue el primero en comparecer ante la comisión que analiza si se recomienda levantar o no la inmunidad a Rodrigo Chaves. (Foto Asamblea Legislativa)
Fiscalía eleva el caso y Corte Plena da luz verde
La investigación quedó en manos del Fiscal General, Carlo Díaz, quien formuló una acusación formal y solicitó el levantamiento del fuero presidencial para dar curso a la causa penal.
El 1° de julio de 2025, la Corte Plena —máxima instancia del Poder Judicial— resolvió por mayoría trasladar el expediente a la Asamblea Legislativa. Los magistrados consideraron que el caso debía continuar su curso en la vía legislativa, sin pronunciarse sobre la culpabilidad del presidente, pero reconociendo que existen elementos para que los hechos sean juzgados penalmente.
Con el expediente en sus manos, la Asamblea Legislativa activó el procedimiento establecido en el artículo 151 de la Constitución Política.
El 5 de agosto, se conformó la Comisión Especial n.° 25.105, integrada por las diputadas Andrea Álvarez Marín (PLN), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Daniel Vargas (Progreso Social), para valorar si había o no lugar para levantar la inmunidad.
Durante semanas, la comisión recibió pruebas, escuchó a la defensa del presidente y analizó la acusación fiscal. Finalmente, recomendó al Plenario autorizar la formación de causa penal contra Chaves, tras considerar que existe seriedad y consistencia en la acusación y que el testimonio de Bulgarelli vincula directamente al presidente con el delito investigado.
“Existe base para tener por demostrado que hay elementos de prueba suficientes para justificar el levantamiento del fuero al señor Rodrigo Chaves Robles”, concluyó Álvarez.
La votación en el Plenario Legislativo está fijada para el lunes 22 de setiembre. Se requieren al menos 38 votos afirmativos para que el mandatario pierda su inmunidad y pueda ser procesado penalmente como cualquier ciudadano.
Esa decisión se dará en medio de un clima político polarizado, con diversas fracciones aún sin definir su postura. Mientras tanto, el país se prepara para una decisión sin precedentes en su historia democrática reciente.
Chaves compareció el pasado 22 de agosto. (Foto: Marco Monge / El Observador)
Un montaje
El pasado 22 de agosto, durante su comparecencia ante los diputados, el presidente Chaves señaló que este caso ”se trata de un montaje”.
“Hoy lo que estamos viviendo tiene consecuencias históricas para esta patria; el país entero observa un montaje político del fiscal general y de la Sala Tercera”, añadió.
“Le quieren hacer creer -al ciudadano- que cometí un delito de concusión, lo que cual es imposible”, siguió en sus palabras en aquella ocasión.
Para Chaves, este proceso es una venganza porque se atrevió a denunciar las que considera irregularidades en el Poder Judicial.
“Esto tiene un antecedente, que desde el inicio del Gobierno germinó cuando fui a la primera sesión que me correspondió como presidente de la República a la Corte Plena. Le demostré al pueblo la responsabilidad del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa en el deterioro profundo de nuestra sociedad”, afirmó.
“Expuse la indolencia del Poder Judicial o mucho peor; los casos de Aldesa, Cochinilla, Azteca, Diamante… Los abusos de poder de Carlo Díaz, con beneficios para su pareja”, añadió en su declaración ante los legisladores.
Además, su abogado, José Miguel Villalobos, expuso algunos elementos con los que considera que el caso se cae, sobre todo que tienen que ver con el acuerdo de la fiscalía y Bulgarelli para convertirlo en “testigo de la corona”.
Señaló que ese acuerdo se dio el mismo día -4 de abril- que se presentó la acusación y que eso es materialmente imposible de hacer.
