El Observador
Desde la columnasábado, 17 de enero de 2026

Bukele y el precio de sacrificar la democracia en nombre del orden

En América Latina, el desencanto con la democracia ha abierto la puerta a liderazgos que prometen orden, rapidez y resultados inmediatos

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En América Latina, el desencanto con la democracia ha abierto la puerta a liderazgos que prometen orden, rapidez y resultados inmediatos. En ese contexto surge la figura de Nayib Bukele, presentada por algunos como un “modelo” de gobernanza eficaz. Sin embargo, un análisis serio, desapasionado y responsable revela una realidad mucho más preocupante: El Salvador se encuentra hoy bajo una forma de autoritarismo que, lejos de encaminar al país hacia un desarrollo civilizado, lo está conduciendo a una peligrosa degradación institucional y democrática.

La narrativa oficial se apoya casi exclusivamente en la seguridad pública. Nadie niega que el país arrastraba una crisis grave de violencia y criminalidad, ni que el Estado tenía la obligación de responder. El problema radica en el método. El régimen de excepción, convertido en norma y no en medida temporal, ha suspendido garantías constitucionales esenciales, permitiendo detenciones masivas sin debido proceso, encarcelamientos prolongados sin acusación formal y un sistema penitenciario opaco, ajeno a la supervisión independiente. La seguridad, cuando se construye sobre la negación de derechos fundamentales, deja de ser política pública y se transforma en mecanismo de control.

El deterioro del Estado de derecho no se limita al ámbito policial. Bukele ha concentrado el poder de forma sistemática. La destitución de magistrados de la Sala Constitucional y del fiscal general en 2021 marcó un punto de quiebre institucional. A partir de entonces, la independencia judicial quedó seriamente comprometida, allanando el camino para decisiones alineadas con los intereses del Ejecutivo. La habilitación de la reelección presidencial, expresamente prohibida por la Constitución salvadoreña, no fue el resultado de un consenso democrático, sino de una interpretación jurídica forzada, emitida por jueces designados bajo la sombra del poder político.

La Asamblea Legislativa, lejos de ejercer un rol de fiscalización, opera como una extensión del Ejecutivo. El pluralismo político ha sido sustituido por la obediencia partidaria, y el debate democrático ha cedido espacio a la aprobación automática de iniciativas presidenciales. En este contexto, la separación de poderes, pilar fundamental de cualquier república, se ha convertido en una formalidad vacía, debilitando los controles que protegen a la ciudadanía frente al abuso del poder.

A este panorama se suma el hostigamiento constante a la prensa independiente y a organizaciones de la sociedad civil. Periodistas, analistas y defensores de derechos humanos han sido estigmatizados como enemigos del Estado, acusados de traición o de responder a intereses oscuros. Este discurso no es casual: es una estrategia clásica de los regímenes autoritarios para deslegitimar la crítica y consolidar el control narrativo. Cuando informar se convierte en un acto de riesgo, la democracia ya ha comenzado a erosionarse.

Desde Costa Rica, este escenario no puede observarse como un fenómeno lejano. El caso salvadoreño interpela directamente a nuestras sociedades y obliga a una reflexión profunda sobre el valor de la democracia y el ejercicio responsable del voto. Las democracias no suelen caer de manera abrupta; se debilitan cuando la ciudadanía, cansada o seducida por discursos atractivos, deposita su confianza en liderazgos carismáticos que prometen soluciones inmediatas sin explicar los costos institucionales que estas conllevan. El voto, uno de los derechos más hermosos y trascendentales en una democracia, no puede ejercerse desde el impulso ni la emoción, sino desde la conciencia crítica y la memoria histórica.

Costa Rica ha sido libre porque ha sabido amar su institucionalidad, cuidarla y transmitirla de generación en generación. Ese amor nace de la memoria, de lo que aprendimos desde niños, de lo que cantamos con orgullo y sentimos como propio. Es una nostalgia que no paraliza, sino que compromete; que recuerda quiénes somos y por qué debemos protegerlo. Ese sentimiento profundo, íntimo y colectivo, vive en las palabras que nos definen como nación:

“Yo no envidio los goces de Europa,
la grandeza que en ella se encierra;
es mil veces más bella mi tierra
con su palma, su brisa y su sol.
La defiendo, la quiero, la adoro
y por ello mi vida daría;
siempre libre ostentando alegría,
de sus hijos será la ilusión.”

Defender la democracia es honrar esa memoria. Es cuidar la patria que amamos, la que nos formó y la que queremos seguir heredando. Y ejercer el voto con conciencia es, hoy, el acto más profundo y sincero de amor por Costa Rica.

 

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