A propósito de año electoral

La Constitución Política diseña una forma de gobierno basada en la idea de que el poder público es un instrumento necesario de cohesión social que, sin embargo, puede ser terrible si no se lo limita y no se lo contiene.

A partir de esta premisa, la Constitución organiza las cosas distribuyendo cuotas de poder entre órganos distintos, impidiendo de esta forma que se concentre en solo uno y encargando a cada cual atribuciones diversas, especializadas y exclusivas: dictar las leyes, conducir y gestionar la actividad permanente del Estado, hacer justicia.

El ejercicio de las atribuciones propias de un órgano no puede ser asumido ni arrebatado por los otros. Pero visto que el propósito de todo esto es que el gobierno de la sociedad funcione razonablemente bien, beneficie a todos o al mayor número y no se extravíe con daño de la gente, se establecen medios de colaboración y control entre ellos.

Cuando el sistema funciona bien, a pesar de que las visiones, intereses e impulsos que se manifiestan en la sociedad son múltiples y a menudo opuestos o contradictorios, la armonía social está garantizada en lo fundamental, las libertades y los derechos de las personas protegidos, y los fines públicos pasibles de ser realizados, al menos en medida aceptable.

Para marchar por el camino del bienestar, la Constitución dispone de mecanismos destinados a su propia defensa. Tienen este carácter, por ejemplo, el control de la constitucionalidad de leyes, normas y actos públicos, o el hecho de que su propia reforma solo es posible mediante procedimientos especialmente reforzados que exigen mayor consenso.

Podría pensarse que la Constitución lo tiene todo bien pensado. Pero, obviamente, no puede prever los acontecimientos que a lo largo del tiempo se manifiestan en la realidad social, que se desplazan por los cauces de las reglas establecidas y tienen la virtud de emplearlas sin cambiarlas, con el riesgo de que este fenómeno de instrumentalización altere sensiblemente la convivencia constitucionalmente garantizada. Es decir, la realidad puede subvertir y hasta pervertir los fines de la Constitución valiéndose de ella para enrumbar los acontecimientos hacia resultados que la desmienten y la contradicen.

De allí que la protección de los derechos y libertades de todas las personas, y las condiciones de vida pluralista pero armoniosa, exigen la vigilancia de la propia comunidad, su participación racional e informada en los asuntos públicos.

Nuestro papel como medio de prensa en este contexto es procurar recursos para que esta actitud ciudadana se facilite y sea posible, con mayor razón en el período electoral que se avecina.