Defensoría advierte desigualdad estructural y pide “giro de 180 grados” en la educación pública
El informe señala que los recortes presupuestarios, la burocracia y la falta de acompañamiento técnico profundizan las brechas territoriales.
Mario Fernández Calderón
mario.fernandez@observador.cr
La Defensoría de los Habitantes advirtió que existe un “clamor por un giro de 180 grados” en el sistema educativo costarricense, tras recoger el testimonio de más de 200 representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas.
Las personas consultadas describieron brechas de gestión, limitaciones de recursos y un debilitamiento institucional en distintas regiones del país.
La investigación del órgano defensor señala que persisten inequidades territoriales y exclusión social que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación, especialmente fuera del Gran Área Metropolitana.
Los hallazgos apuntan a que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han reducido la capacidad operativa en los territorios y ampliado las diferencias entre centros urbanos y rurales.
Entre los principales desafíos identificados figuran la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado y la excesiva burocracia para ejecutar los presupuestos.
Además, la Defensoría advirtió un debilitamiento en la gobernanza educativa. Según el estudio, muchas Juntas operan sin lineamientos claros ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas, mientras que las Direcciones Regionales enfrentan limitaciones de personal y recursos. Esto genera fragmentación institucional y sobrecarga para las comunidades.
Diferencias importantes
En regiones como la Huetar Norte, Brunca y Chorotega, las personas consultadas reportaron retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y en la transferencia de fondos.
El informe también advierte que estas limitaciones afectan de forma diferenciada a mujeres que lideran juntas educativas, docentes y madres cuidadoras, quienes asumen responsabilidades adicionales ante la falta de apoyo institucional.
Asimismo, pueblos indígenas y personas con discapacidad enfrentan barreras relacionadas con infraestructura no accesible, escasez de materiales inclusivos y limitado acompañamiento técnico.
Contexto de la crisis educativa
El señalamiento se da en un contexto en el que el sistema educativo público arrastra rezagos acumulados tras la pandemia y una caída en los aprendizajes básicos, especialmente en lectura y matemáticas. A ello se suma el deterioro de infraestructura en numerosos centros educativos y la preocupación por la exclusión de estudiantes en zonas rurales, costeras y territorios indígenas.
Diversos sectores han alertado en los últimos años sobre el aumento de la desigualdad educativa y la necesidad de fortalecer la gestión territorial para evitar que las brechas se profundicen.
Ante este panorama, la Defensoría exhortó al Estado a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con descentralización efectiva, recursos suficientes, asistencia técnica permanente y mecanismos reales de participación comunitaria.
“Escuchar las voces regionales no debe ser un ejercicio simbólico, sino el punto de partida para construir políticas públicas que respondan a la diversidad territorial, cultural y social del país”, concluye el informe.
